MÉRIDA, 15 de enero de 2020.- El gobernador Mauricio Vila Dosal anunció esta mañana que se cancela el cobro del nuevo impuesto a la infraestructura de seguridad, el cual no se podrá aplicar a través del recibo de la CFE.
En un mensaje en Palacio de Gobierno, el mandatario informó de la eliminación de este cobro que había generado inconformidad en varios sectores de la población.
Tras el rechazo de la CFE a que se cobre el nuevo impuesto a la seguridad mediante sus recibos, Mauricio Vila señaló que tomó la decisión de no activar otros mecanismos de cobro, como pudiera ser a través del impuesto predial o del recibo de agua potable.
“Me permito anunciar que no habrá el nuevo impuesto a la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública”.
Sin embargo, dijo que no se bajará la guardia en inversión en materia de seguridad, que será financiada ampliando las medidas de austeridad que se pusieron en marcha el primer desde el primer día de su administración.
“Todo sacrificio que hagamos será para proteger el bien más preciado de las familias yucatecas, que es la seguridad”, agregó. “La seguridad de las familias yucatecas bien vale todas las medidas que hemos tomado”.
El mandatario informó que ya le pidió al consejero jurídico, Mauricio Tappan Silveira, a fin de que active el mecanismo legal para que el nuevo derecho a la infraestructura en seguridad pública quede sin efecto.
También pidió a la Secretaria de Finanzas, Olga Rosas Moya, para que se refuercen las medidas de austeridad.
Precisó que los yucatecos seguirán disfrutando de la calidad de vida a la que están acostumbrados, pues todos los apoyos y servicios se seguirán otorgando y mejorando.
No habrá aumento de sueldos para mandos medios y superior de la administración estatal.
Antes de anuncia la cancelación del nuevo impuesto a la seguridad, Mauricio Vila expuso: “Nos reunimos ayer con el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz. En esa junta, el funcionario nos informó que el cobro del nuevo derecho por la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública no era viable a través del recibo de la paraestatal; esa misma negativa fue notificada horas después de manera oficial”.
“El resultado de esa reunión nos encaminaba a un conflicto jurídico entre el gobierno federal y el gobierno estatal”, agregó. Sin embargo, expuso, “la convicción de esta administración es que los ciudadanos ya no quieren confrontaciones estériles sino resultados que beneficien a sus familias. Estamos convencidos que la seguridad de los yucatecos no se defiende en los tribunales sino en nuestras calles y hogares. La defensa de nuestro estilo de vida no merece atrasos ni distracciones”.
