MÉRIDA.- En días pasados la tormenta tropical “Cristóbal” envió un mensaje al Gobierno de México para reconsiderar su idea de desaparecer los apoyos para el seguro agropecuario y fideicomisos como el Fondo Nacional de Garantías (Fonaga), el cual ha sido un promotor del financiamiento para el sector agroalimentario, precisamente beneficiando a pequeños productores.
Ahora que se han perdido animales y miles de hectáreas de cultivo en Yucatán, se pone en evidencia el error de haber recortado casi un 30% el Presupuesto de Egresos para la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural con respecto al del año anterior y donde la SADER tuvo la menor participación histórica dentro del Programa Especial Concurrente.
La reciente declaratoria de emergencia de 26 municipios para acceder al Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) resulta insuficiente, por lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal debe incluir al menos a 38 municipios más, encabezados por la Huerta del Estado: Oxkutzcab.
A los daños ocasionados por las intensas lluvias, debemos sumarle que desde la aparición de la pandemia Covid-19 se han generado interrupciones en la logística de entrega de alimentos en algunas poblaciones, cierres de puertos y fronteras, así como de mercados de destino; también ha causado desaceleración económica con la consecuente inseguridad, reducción en la demanda de alimentos y la incertidumbre de los productores agroalimentarios para continuar generando empleos.
Por ello otros países han anunciado fondos especiales de rescate y así mitigar los impactos de la crisis económica global y el desempleo que estamos viviendo, pero en México se han tomado decisiones contrarias, como el recorte publicado en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 29 de mayo, que elimina diversos estímulos que limitan la productividad, la competitividad y la rentabilidad del Sector Agroalimentario, afectando a los productores del campo y del mar.
Solicitamos respetuosa, pero enérgicamente al Gobierno Federal que detenga los recortes presupuestales para el sector, como lo hizo con el estímulo fiscal a la gasolina y diésel en los sectores pesquero y agropecuario, al igual que la compensación universal, lo que está ocasionando una mayor dependencia de las importaciones en materia alimentaria.
También le pedimos que agilice las devoluciones de saldos a favor de IVA, de las empresas que están haciendo un esfuerzo por salir adelante. Por eso reiteramos la propuesta del Consejo Nacional Agropecuario de establecer bases para una certificación de los integrantes del sector, sobre la cual la autoridad pueda agilizar dicho trámite.
Quienes integramos el Consejo Agroalimentario de Yucatán A.C. nos comprometemos seguir haciendo nuestra parte para que le vaya bien a México, continuando con las acciones que protejan la salud de nuestros colaboradores, la inocuidad de nuestros productos y promoviendo el abasto en los alimentos.
