MÉRIDA.- A corto plazo, en Yucatán se empezarán a sentir los efectos del ecocidio que Rolando Zapata Bello “apadrinó” durante su administración, con la masiva autorización de empresas altamente contaminantes, instaladas en diversos puntos del Estado, afirmó el presidente de la asociación Maya Peninsular, José Salas Segura.
“Numerosas fueron las industrias contaminantes, llámense asfalteras, cementeras, caleras, extractoras de material pétreo, gasolineras, granjas, entre otras, las cuales violan sistemáticamente las diversas leyes y afecten a la ciudadanía”, acotó.
Ejemplificó el caso de la Planta de Molienda de Cementos Fortaleza, la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), la calera Oxxica y del banco pétreo de la constructora Proser, entre otras.
Lamentó el notable daño causado al medio ambiente, pues las grandes empresas deforestaron el área que se les asignó, colocaron bardas para impedir el tránsito de la fauna silvestre, y en el caso de la calera y la cementeras, la emisión de partículas y micropartículas laceran los pulmones de la población.
Denunció que complicidad con diversos alcaldes, a dichas iniciativas privadas se les otorgó una gran extensión de terreno, sin contar con el respectivo Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).
“En su momento, diversos alcaldes afirmaron que no detendrá la inversión por nada ni por nadie, y las consecuencias se verán en breve”, subrayó.
Salas Segura enunció el caso del presidente municipal de Progreso, Julián Zacarías Curi, quien expresó que “poco se puede hacer, pues la línea para el “apoyo” a las industrias llegó desde las altas esferas del poder político y económico de Yucatán, por lo que la población está a la merced del mercado y de la inversión”.
Menciono que en diversos casos se han interpuestos denuncias, logrando amparos a favor de la población, por lo que son diversas las obras detenidas, tal el caso de la empresa PAPO, en Homún.
Reprobó que muchas empresas hagan caso omiso a las disposiciones legales tal el caso de Cementos Fortaleza, instalada en el polígono industrial de Progreso.
Comentó que a pesar de las restricciones emitidas por el Poder Judicial de la Federación, Cementos Fortaleza continúa con la construcción de la Planta de Molienda, en la que se invirtió 30 millones de dólares.
Manifestó que los dueños de esta empresa aprovechan que en el Juzgado de Distrito está pendiente de resolver el juicio de amparo promovido por los niños de Flamboyanes para continuar con las obras de construcción de la respectiva planta.
Garantizó que “en México se tiene que hacer valer la Ley, nadie está por encima ni por debajo de la misma, por lo que es necesaria la pronta intervención de las autoridades ambientales”.
