El ayuntamiento de Progreso no solo se mantiene en contumaz desacato a dar cumplimiento a las sentencias para otorgar seguridad social a sus empleados, sino que además su representante legal no ha querido comparecer en la audiencias ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios.
Uno de los laudos a los que no ha dado cumplimiento el alcalde Julián Zacarías Curi alcanzaba una cifra cercana a los 37 millones de pesos hasta el último día de 2020.
Esto incluye las cuotas, recargos y multas por no acatar las sentencias.
Lo más grave, indica el abogado Lincoln Palma Rodríguez, abogado de los trabajadores, es el desprecio que muestra el alcalde Zacarías Curi, pues ni siquiera ha intentado un acercamiento con los empleados para llegar a un convenio de pago.
“Julián Zacarías peca de una soberbia y prepotencia inaudita, no le está dando la importancia a este, en lugar de abocarse a resolverlo, solo están pensando en buscar su reelección”, manifestó el licenciado Palma Rodríguez.
El representante legal informó que hace unos días iba a llevarse la audiencia ante el Tribunal de los Trabajadores, en la cual se iba a escuchar cuánto tiene que pagarle el ayuntamiento de Progreso al Isstey por un grupo de 47 empleados.
Cuando la diligencia iba a comenzar, la representante jurídica del ayuntamiento de Progreso, Ena Pérez Antuña, recibió una llamada y dijo que se retiraba de la audiencia.
Esta audiencia era por el laudo de 47 empleados, que hasta el 31 de diciembre alcanzaba una cantidad cercana a 37 millones de pesos, es decir, casi un millón de pesos por empleado que el ayuntamiento de Progreso tiene que pagar al Isstey.
El próximo mes se debe realizar una siguiente audiencia, por otro grupo de trabajadores municipales. Este grupo es menos numeroso que el anterior, pero por tratarse de empleados administrativos con más sueldo, el monto que debe pagar el ayuntamiento es mayor que los 37 millones del primer bloque.
“Para el ayuntamiento las cosas se están complicando, pues ya acumula más de seis millones en multas y recargos, y ahora incluso sus representantes legales podría perder sus cédulas profesionales por obstruir el curso de una diligencia”, señaló el abogado.
Palma Rodríguez recordó que este caso data de hace algunos años, desde la administración anterior, pero no comenzó a avanzar sino hasta que César Antuña Aguilar dejó el cargo de magistrado del Tribunal de los Trabajadores.
Aseguró que ahora la pelota está en la cancha del Isstey, que tendrá que abocarse a cobrar las millonarias cantidades al ayuntamiento de Progreso, no solo para nivelar sus maltrechas finanzs, sino también para costear la seguridad social de los trabajadores, pues muchos ya se van a jubilar, además de que tiene que cubrir pensiones por viudez.
