PROGRESO.- El repentino proceso contra el ex alcalde de Progreso, José Isabel Cortés Góngora, y todo su cabildo en pleno (2015-2018) está relacionado con una inminente demanda civil por incumplimiento de contrato que enfrentará el ayuntamiento actual, que hasta antes de pedir licencia para buscar la reelección encabezaba Julián Zacarías Curi.
De acuerdo con fuentes cercanas a los regidores imputados por presunto cohecho, todo esto se debe al incumplimiento de contrato por parte del ayuntamiento del puerto, en perjuicio de Consultoría en Negocios y Gestión Empresarial GG, empresa con la que el cabildo 2015-2018 celebró un contrato de prestación de servicios en alumbrado público, por 39 millones de pesos.
La empresa prestaría servicio y mantenimiento de alumbrado público durante ocho años, con dos años de garantía, es decir, 10 años en los que Consultoría en Negocios y Gestión Empresarial GG se encargaría de prestar este servicio en el puerto, incluyendo la sustitución de aquellas que por uso ya no enciendan.
De acuerdo con nuestros informantes, no se trataría de una deuda para el puerto, sino que se pagaría de los ahorros en energía pública por alumbrado, a razón de unos 600 mil pesos por mes.
Sin embargo, desde que llegó el actual ayuntamiento no se ha hecho ningún pago a la empresa, que interpuso una demanda civil por incumplimiento de contrato, y es inminente que se emita un fallo adverso a la administración de Zacarías Curi.
Antes de la denuncia de cohecho contra los regidores, a los que se acusa de haber recibido 110 mil pesos para aprobar el contrato de prestación de servicios, el ayuntamiento actual buscó acercamientos con el ex síndico y con el propio ex presidente municipal José Cortés.
Al síndico le ofrecieron retirar la denuncia a cambio de que firmara un escrito donde acepta las presuntas corruptelas que le atribuye Zacarías Curi al anterior cabildo.
Al considerar que esto sería admitir acusaciones de hechos que no cometieron, rechazó la oferta de los esbirros de Julián Zacarías.
Se dio un segundo acercamiento, en esta ocasión con José Cortés, a quien el propio Zacarías Curi le pidió que se sume a su campaña electoral a cambio de retirar las denuncias contra el ex alcalde y su cabildo. La propuesta fue rechazada también.
La respuesta de Zacarías fue impulsar las denuncias que derivaron en la imputación contra los ex regidores progreseños, la cual dimos a conocer ayer.
Cabe precisar que ninguno de los ediles está detenido, solo se les citó para informarles de la imputación, y se les impusieron medidas precautorias leves, pese a que los fiscales trataron por todos los medios de que les declararan otras medidas más fuertes, como el uso de brazalete electrónico.
Nuestras fuentes indican que no existe ningún delito y que las supuestas pruebas que presentó el ayuntamiento de Progreso no son vinculatorias a proceso.
El video que presentan como prueba reina fue obtenido por vías ilegales, además de que en las imágenes solo se ve a unas personas contando dinero, pero no saben quién se los dio y cuánto es.
En dicho video no se ve al ex alcalde José Cortés, solo a algunos regidores que aseguran estaban contando el dinero de su aguinaldo.
Todo se trataría de una estrategia del actual ayuntamiento de Progreso, pues en el supuesto de que los regidores resulten culpables, esto le permitiría ganar el juicio civil que sostiene con Consultoría en Negocios y Gestión Empresarial GG por el incumplimiento de contrato.
En caso de perder, el ayuntamiento tendría que pagar 39 millones de pesos, más los interes, recargos de tres años de incumplimiento y los costes por el juicio.
Los ex regidores aseguran que el contrato fue legal, en caso de que no lo hubiera sido la Comisión Federal de Electricidad no hubiera dado su aval.
La CFE tuvo que dar su visto bueno para aprobar las lámparas para el nuevo alumbrado público de Progreso.
