Está en puerta una sexta denuncia en contra de Joel Achach Díaz, ex alcalde de Tecoh y actual candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal, por irregularidades en sus cuentas públicas.
De acuerdo con información obtenida por YUCATAN AHORA en el portal de la ASEY, de conformidad a los artículos 30 fracción VII de la constitución política del Estado de Yucatán, corresponde al Poder Legislativo, a través de la Auditoría Superior del Estado, revisar la cuenta pública del año anterior con el objeto de evaluar la gestión financiera de los ayuntamientos.
En cumplimiento de lo anterior, la ASEY revisó la cuenta pública del municipio de Tecoh, correspondiente al ejercicio fiscal 2018 en la que se refleja el ejercicio del gasto público, la recaudación del ingreso y el financiamiento obtenido que registra la aplicación y obtención de los recursos estatales, federales, los cuales tuvieron un universo de 54 millones 965 mil pesos con una muestra auditada de 24 millones 228 mil pesos es decir la muestra auditada representa únicamente el 40 % y la no auditada el 60 %,
Las técnicas para obtener la evidencia de auditoria incluyeron el estudio general, inspección, observación, indagación, confirmación, recalculo, repetición, procedimientos analíticos y/u otras técnicas de investigación.
Como resultado de los procedimiento de auditoría se emitieron las observaciones por las cuales el ente auditado presentó documentación con la que pretendió solventar la observación; no obstante, de su revisión y análisis que no la solventa, entre las acciones se emitió el pliego observaciones y la promoción de responsabilidad administrativa con el fin de que el Síndico del Municipio proceda en su ámbito de competencia a investigar, y en su caso imponer la sanción que corresponda.
De conformidad con al artículo 72 fracción IV de la ley de fiscalización de la cuenta pública del estado de Yucatán, durante el proceso se emitieron 33 observaciones, de las cuales dos fueron solventadas, cinco solventadas parcialmente, y 26 no fueron solventadas.
Derivado del resultado de la fiscalización de la cuenta publica se estima una posible afectación a la hacienda pública de $4.347,900 (cuatro millones trescientos cuarenta y siete mil novecientos pesos) que deberán ser resarcidos al municipio.
Ante el incumplimiento de lo anterior y vencidos los plazos legales que corresponden en estos cosos el camino a seguir es la denuncia penal ante la Fiscalía Federal Especializada en el Combate a la Corrupción, en virtud que la fiscalía estatal, en una denuncia anterior se declaró incompetente por razón de fuero, debido que a la hora de turnar las denuncias ante un juez, este alega que todo fondo público es de origen federal.
Con esta sería la sexta denuncia en contra de Achach Díaz, quien busca ser alcalde de nuevo.
Yucatán Ahora pudo averiguar que una de estas denuncia que se encuentra en la Fiscalía Estatal, y que corresponde al ejercicio fiscal 2016, por los mismos motivos se encuentra detenida en espera del resolutivo del Tribunal de Justicia Administrativa a donde el ex funcionario se inconformo del resultado de un recurso de reconsideración que había interpuesto ante la ASEY, quien resuelve en el punto CUARTO:
Los C.C. JOEL ISAAC ACHACH DÍAZ, MARÍA BEATRIZ CHI TUN, JOSÉ JORGE GARNICA ALCARAZ Y LEANDRO HUMBERTO ESTRELLA COCOM, deberán resarcir en concepto de daño patrimonial y/o perjuicio la cantidad de $6,836,151.56 M.N. (SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 56/100 M.N.) como responsables de la falta de comprobación y justificación legal de las erogaciones efectuadas.
Sin embargo la misma auditoría estipula en el punto SEXTO:
Se le hace saber a los C.C JOEL ISAAC ACHACH DÍAZ, MARÍA BEATRIZ CHI TUN, JOSÉ JORGE GARNICA ALCARAZ Y LEANDRO HUMBERTO ESTRELLA COCOM que en contra de la citada resolución procede el 12 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, ante el Tribunal de Justicia Juicio Contencioso Administrativo previsto en el artículo Administrativa del Estado de Yucatán y que el plazo para interponerlo es dentro de los 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que se haya notificado el acto que se reclame o al día en que se haya tenido conocimiento del mismo.
Haciendo uso de este derecho los ex funcionarios acudieron ante dicho Tribunal desde octubre del 2019, y aún siguen que se dicte el resolutivo que pudiera ser en contra de los ex servidores públicos en razón de que se ha demostrado que no fueron actos de omisión, más bien todos debidamente premeditados por el patrón repetido durante toda la administración 2015-2018.
