Integrantes del sector empresarial y de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares exhibieron su total desconocimiento de la situación legal respecto a la distribución de Libros de Texto Gratuito, toda vez que no existe determinación legal para no entregarlos el próximo lunes a los niños y adolescentes yucatecos al iniciar el ciclo escolar 2023-2024.
En rueda de prensa, Beatriz Gómory Correa, presidenta de Coparmex Mérida; Levy Abraham Macari, presidente de la Canaco-Servytur Mérida; Gerardo Pineda Martínez, presidente del Comité Yucatán de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y Elías Dájer Fadel, presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares no supieron responder ante los cuestionamientos de los representantes de los medios de comunicación, evidenciando su falta de conocimiento del tema y de las cuestiones legales en torno a este asunto.
Al cuestionar si alguno de los ponentes había revisado los libros y si alguno tenía hijos en alguna escuela pública, Pineda Martínez reconoció que el contenido no era el tema de la rueda de prensa, aunque reconoció que en Yucatán la UNPF-Yucatán no tramitó su amparo respectivo para Yucatán, y que la única solución es que cada padre de familia se ampare.
A su vez, Dájer Fadel, quien en un principio negó haber participado en las mesas de análisis sobre los libros de texto que organizó la Secretaría de Educación del Estado (Segey), reconoció que sí fue convocado a dichas mesas, pero que no participó pues a su juicio; dichas mesas no cubrieron la totalidad de lo que se debería cubrir.
Los ponentes reconocieron que “estamos al cuarto para la hora” para realizar estos planteamientos sin embargo consideran que, lejos de cualquier ideología o errores que los libros puedan contener, consideran que la Secretaría de Educación Pública Federal ya tiene un exhorto, aunque no precisaron si dicho amparo aplica a los estados que ya están repartiendo los libros de texto.
Los dirigentes plantearon que en vez de distribuir los actuales Libros de Texto se utilicen los ejemplares del año pasado que pueden verse en línea, situación que pudiera resultar alejada de la realidad para un amplio porcentaje de los estudiantes de escuelas públicas, pero no indicaron qué pasaría con las comunidades en las que no se cuenta con acceso a internet e impresoras para el material.
Al cuestionárseles como un niño, por ejemplo, de Tahdziú podría acceder a los libros digitales, Dájer Fadel se limitó a responder que si los libros no cumplen con la ley se puede solicitar imprimir los del ciclo pasado. En este caso, agregó es donde se pudiera solicitar que se imprimiera estos libros para aquellas comunidades que lo requieran, aunque declinó responder si los empresarios aportarían recursos para la impresión de dichos materiales.
Manifestaron que no desean discutir los contenidos de los libros sino los alcances legales de un juicio de amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia por considerar que la autoridad federal responsable no cumplió con el debido proceso para la elaboración de los mismos, tal como lo establece la Ley General de Educación.
