El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán aprobó el Reglamento de la Defensoría Pública de los Derechos Políticos-Electorales del Instituto, como un primer paso para su integración con abogadas y abogados maya hablantes que brindarán gratuitamente, asesoría y representación a las personas de los grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja histórica que justificadamente lo requieran.
En sesión extraordinaria a distancia se precisó que la reglamentación aprobada y la posterior creación de la Defensoría se sustenta en los términos de lo señalado en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto 655/2023 de fecha 28 de junio del presente año publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado.
Se detalló que el funcionamiento de la Defensoría en mucho dependerá de la suficiencia presupuestal que al efecto sea autorizada para el ejercicio fiscal 2024, ya que con ello se podrá proceder a la selección y designación de la persona titular, defensoras y defensores, personal administrativo y de apoyo, así como del espacio digno, necesario para la ubicación de este personal y la prestación del servicio a la ciudadanía que lo requiera.
El reglamento aprobado hoy consiste en temas que van desde la descripción de tipos de servicio a ofrecer, sujetos a los que va dirigido, el procedimiento para llevar a cabo cada uno de ellos, dictámenes e informes en cuanto a la prestación de los servicios, así como aspectos relacionados con el personal responsable de brindarlos.
Los servicios que brinde esa figura deberán llevarse a cabo con perspectiva de género garantizando la igualdad de género y la no discriminación en el ejercicio de los derechos políticos electorales, debiendo regirse por los principios éticos de honestidad, honradez, imparcialidad, legalidad, objetividad, racionalidad, redición de cuentas y transparencia.
