El Gobierno de la República interpondría denuncias penales federales contra los presuntos “cabecillas” del movimiento que derivó en la toma de las instalaciones de Chichén Itzá.
En la denuncia también se involucra a un abogado señalado de encabezar dichas acciones, las cuales provocaron el desplazamiento de trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Según trascendió, las querellas serían por daños a propiedad federal, además de la liberación de la taquilla y el acceso gratuito al sitio arqueológico, hechos que serían considerados como daño patrimonial a la nación, así como otros delitos que pudieran resultar de las investigaciones.
