La mayoría legislativa respaldó una iniciativa de reforma para reestructurar el sistema de transporte público en Yucatán, con el objetivo de asegurar su viabilidad y mejorar el servicio para la población.
La propuesta fue impulsada desde el Ejecutivo Estatal y plantea un cambio de fondo en la manera en que se concibe la movilidad, priorizándola como un derecho social.
Durante la discusión en comisiones, legisladores afines al proyecto señalaron que el modelo vigente presenta deficiencias acumuladas durante administraciones anteriores, entre ellas problemas financieros, rutas insuficientes y servicios de baja calidad.
En contraste, diputados de oposición defendieron el esquema previo y cuestionaron los alcances de la nueva legislación.
En el análisis en comisiones se expusieron presuntas irregularidades en contratos heredados, incluyendo esquemas de pago que generaban costos elevados sin corresponder necesariamente a la operación real del servicio.
Estas condiciones, afirmaron, habrían comprometido recursos públicos y afectado la sostenibilidad del sistema.
La reforma contempla establecer criterios más claros para el cálculo de costos operativos, con el fin de transparentar el uso del presupuesto y evitar desequilibrios financieros.
También propone ampliar la cobertura del transporte y mejorar la conectividad entre comunidades, con énfasis en sectores como trabajadores, estudiantes y personas en situación vulnerable.
Entre otros cambios, se prevé la creación de un órgano directivo con funciones de consulta y supervisión, así como nuevas disposiciones para reforzar la protección de usuarios, particularmente en el servicio de taxi.
La iniciativa busca, además, fortalecer la rectoría del Estado para garantizar un sistema eficiente, seguro y con tarifas accesibles a largo plazo.
