¿Por qué dicen no a la reforma electoral?
Por Mtro. Ernesto Mena Acevedo.
Desde el momento que la presidenta de la república anunció la conformación de una comisión con la misión de trabajar una propuesta de reforma electoral, la reacción inmediata de la oposición de derecha consistió en la descalificación. Basándose en la mera especulación, iniciaron una nueva ofensiva desinformadora alegando que la propuesta que aún no existía, sería sólo con la intención de eliminar la representación plurinominal y beneficiar al partido morena.
Después de varios meses de labores de consulta por parte de dicha comisión, la presidenta presentó formalmente la iniciativa de reforma electoral ante la cámara de diputados federal.
Entonces, la narrativa acusadora de atentado a la democracia arreció. Sin embargo, no se lee ni se escucha el sustento de la aseveración opositora.
Primero. Es importante resaltar que, la iniciativa de reforma no contempla la desaparición de los legisladores plurinominales. Lo que se plantea con respecto a estos, es la modificación en la forma de integración de las listas por circunscripción, estableciendo la modalidad que se aplica en estados como Jalisco, Durango, Chihuahua y Yucatán, coloquialmente llamada “repechaje”.
Esto no significa cambio en el porcentaje o en la fórmula de asignación. Lo que cambiará será la forma de integrar la lista de diputadas y diputados que corresponderá a cada partido. Por ejemplo, si en la elección del 2024 se hubiese aplicado esta propuesta, todos los partidos tendrían exactamente la misma representación con la que cuentan ahora, pero habrían cambiado varias personas que integran las bancadas.
Segundo. La reducción del presupuesto destinado a órganos electorales, a partidos y a las campañas, es de una cuarta parte.
En este caso es menester partir de que, es una demanda ciudadana, reflejada en diversas mediciones y compartida por ciertos sectores del periodismo y la academia, de que la política partidista no cueste tanto o no se derroche mucho dinero en las campañas.
Además, estudios como el de Análisis comparativo del presupuesto asignado a sistemas electorales en países latinoamericanos, publicado en 2022, por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República concluye que el sistema electoral mexicano es el segundo más caro de Latinoamérica. Por su parte, la cadena BBC reveló en 2016, que en México el voto cuesta poco más del doble que en Estados Unidos que es calificado como el país con las elecciones más caras.
Como si lo anterior no bastara para justificar la reducción del costo, hay que añadir que las condiciones políticas son muy diferentes a las que llevaron a elevar bastante el importe del sistema político-electoral. Y el ejemplo más ilustrativo reside en el papel de los medios de comunicación.
Entonces, la reducción presupuestaria del 25% no puede considerarse como factor que afecte la equidad en las contiendas electorales.
Tercero. La eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no significa que se vaya a incurrir en retraso u ocultamiento de resultados; por el contrario, evitará que los paquetes electorales se queden resguardados dos días enteros para que pueda empezar a realizarse el cómputo oficial, pues el mismo día de la jornada electoral, conforme vayan llegando los paquetes, estos se irán computando y, el avance del cómputo será atestiguado y conocido por los representantes partidistas.
Además, la ley reglamentaria también tendrá que reformarse para prever la forma y los términos bajo los cuales se desarrollará este cómputo expedito, así como el mecanismo que se empleará para ir informando sobre los avances y los resultados finales.
Estos vienen siendo los tres puntos medulares de la iniciativa ya mencionada. Los cuales no representan un cambio sustancial del sistema electoral ni del procedimiento de votación ni del dispositivo para el cómputo.
Es indudable que las posturas divergentes y las diferencias en las opiniones, son inherentes a la democracia, pero resulta indispensable se conozcan los argumentos precisos de quienes no coinciden o se oponen al sentido de la iniciativa de reforma electoral para que se configure el necesario debate y el contraste de
las premisas que, en su caso, pudieran confluir en acuerdos o, al menos, permita a la ciudadanía discernir sobre las razones de los comportamientos de los actores políticos.
