Sin acuerdo entre la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y los sindicatos que representan a sus trabajadores docentes, administrativos y manuales en torno a la reforma del sistema de pensiones y jubilaciones de la institución. Así lo confirmó el rector, Carlos Estrada Pinto, al indicar que continúan las mesas de negociación.
“Pues estamos en las negociaciones con los sindicatos, pues hay algunos detalles que hay que afinar, hay que pues definir algunos esquemas. Hay una prohibición hacia futuro y obviamente lo que estamos buscando es que haya la menor afectación posible para el personal activo y que pues podamos garantizar una viabilidad financiera para nuestra institución en el largo plazo”, declaró el rector.
Estrada Pinto señaló que se trata de un proceso abierto y sin plazos definidos, pues primero deberá presentarse una propuesta final que, posteriormente, será consultada con la base trabajadora de cada organización gremial.
“No, realmente no hay un plazo, no, ahí lo que hemos estado planteando es que cuando ya esté lista la propuesta, se haga la consulta a la base por parte de los sindicatos y pues nosotros daremos el acompañamiento y el apoyo necesario para que esto se pueda dar”, indicó.
La reforma al sistema de pensiones sería similar a las realizadas en 2004 y 2008, que buscaron dar viabilidad financiera a la universidad frente al crecimiento de su planta laboral y el número creciente de jubilados.
Actualmente, la UADY cuenta con alrededor de 3 mil 500 trabajadores, aunque no todos serían afectados, ya que dependería de factores como la antigüedad, la fecha de ingreso y el sindicato al que pertenecen.
La propuesta contempla un aumento en la aportación al fondo de pensiones por parte del personal de base, del 10 al 15%, además de aplicar descuentos por el mismo porcentaje a prestaciones que hasta ahora se consideraban intocables.
También se plantea que el personal contratado a partir de 2008 se jubile hasta los 65 años, con la intención de alargar la vida del sistema.
Actualmente, la UADY destina alrededor de 600 millones de pesos anuales para cubrir las prestaciones de los trabajadores jubilados, cifra que ya supera los recursos destinados a la nómina del personal activo, lo que ha llevado a la institución a buscar una solución que garantice su sostenibilidad a largo plazo.
