El Laboratorio de Movilidad Sostenible de Mérida consideró adecuada la decisión del Gobierno de Yucatán de destinar los recursos provenientes del impuesto sobre la nómina a la operación del transporte público, al señalar que este esquema fortalece un servicio utilizado por la mayoría de la población.
La postura surge tras las declaraciones del CCE de Yucatán, acerca de que el financiamiento del sistema “no debe recaer en el sector empresarial”.
El organismo recordó que, según el paquete fiscal estatal, el impuesto sobre la nómina tendrá un incremento a partir de 2026, medida que —expusieron— responde a criterios de progresividad y redistribución.
En ese sentido, la agrupación subrayó que el transporte público es uno de los servicios donde más se requiere la aportación de los sectores con mayores ingresos económicos, como ocurre en modelos fiscales orientados a la movilidad sostenible.
Asimismo, señaló que la ciudadanía ya cubre numerosos costos asociados a la infraestructura vial, entre ellos la pavimentación de calles, el mantenimiento del Anillo Periférico y la construcción de distribuidores viales, inversiones que calificaron como “subsidios ocultos” al automóvil que benefician principalmente a quienes tienen vehículo propio.
Añadió que es necesario avanzar hacia otros instrumentos fiscales, como la tenencia vehicular, el cobro por uso de estacionamientos en vía pública o en inmuebles privados y la aplicación de peajes urbanos.
Consideró que es momento de que quienes más contaminan, consumen energía y generan congestión asuman los costos reales de sus patrones de desplazamiento.
