Un total de 64 millones 699 mil 813.72 pesos quedó pendiente de aclaración en dos observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que involucran a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y a la Secretaría de Educación de Yucatán (Segey), correspondientes al ejercicio de 2024, año en que Liborio Vidal Aguilar encabezó Educación hasta septiembre.
Vidal Aguilar, hoy aspirante a coordinar los trabajos de la llamada cuarta transformación en Mérida, busca una nueva posición política mientras el manejo de la nómina de la dependencia que dirigió presenta señalamientos por pagos superiores a los autorizados y remuneraciones posteriores a bajas definitivas o durante licencias sin goce de sueldo.
La observación de mayor cuantía comprende 62 millones 720 mil 32.73 pesos por diversos conceptos de nómina que excedieron los importes autorizados.
Aunque el Gobierno estatal entregó documentación que permitió justificar parte de lo detectado inicialmente, ese saldo permaneció sin aclarar en el informe.
La segunda solicitud asciende a un millón 979 mil 780.99 pesos e incluye pagos a empleados de la SAF durante licencias sin sueldo y, en Educación, remuneraciones a personal que ya había causado baja definitiva o se encontraba de licencia sin goce de sueldo.
Se trata de señalamientos que cuestionan los controles para autorizar y dispersar recursos públicos: por qué se pagaron cantidades superiores a las permitidas y por qué salieron recursos para personas que, conforme a su situación laboral, no debían recibirlos.
Sin embargo, su paso por la dependencia hace pertinente exigir una explicación sobre los pagos correspondientes a su gestión, las áreas que los tramitaron y los funcionarios que los autorizaron.
Además, 2024 fue un año electoral, circunstancia que aumenta el interés público por conocer cómo se autorizaron y ejercieron esos recursos. Este contexto refuerza la exigencia de una aclaración documentada.
Los hallazgos forman parte de la Auditoría de Cumplimiento número 2134, clave 2024-A-31000-19-2134-2025, practicada al Gobierno de Yucatán sobre participaciones federales de 2024.
De acreditarse faltas administrativas graves y responsabilidad individual, los involucrados podrían enfrentar sanciones económicas e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Para quien ahora busca encabezar los trabajos de Morena en la capital yucateca, la rendición de cuentas sobre su gestión en Educación constituye un asunto de interés público: las aspiraciones políticas no cancelan la obligación de explicar cómo se ejercieron los recursos.
