Raúl Argáez Ortega, representante de la asociación Un Millón de Esperanzas A.C., condenó el nuevo caso de envenenamiento de perros en el fraccionamiento Gran San Pedro Cholul, al norte de Mérida, donde vecinos reportaron la muerte de varios animales.
Recordó que este tipo de hechos no es nuevo en la zona y urgió a las autoridades a tomar medidas firmes para frenar la violencia contra los animales.
“Ya van varias veces, ya hay varios envenenamientos. Yo pienso que ya las autoridades deben poner un alto porque, repito, ha habido casos en otros municipios, pero en este fraccionamiento se han dado múltiples”, expresó el activista, quien señaló que los vecinos incluso tienen sospechas sobre quién podría estar detrás de estos actos.
Subrayó que este tipo de delitos corresponde a la Fiscalía General del Estado de Yucatán y no al Ayuntamiento de Mérida, como muchos ciudadanos creen.
“Estos casos los ve directamente la fiscalía del Estado de Yucatán y su unidad de delitos contra el maltrato animal doméstico”, explicó, al tiempo que exhortó a la dependencia a investigar con mayor rigor y sancionar a los responsables.
El representante de Un Millón de Esperanzas A.C. consideró que la falta de resultados y la impunidad han permitido que este tipo de agresiones se repitan en distintos puntos del estado, como Tekax, Tizimín y Kanasín.
Por ello, llamó al gobernador Joaquín Díaz Mena y al Congreso local a reforzar las políticas públicas para la protección animal.
Finalmente, Argáez propuso que se regule la venta de sustancias tóxicas utilizadas para envenenar animales, a fin de evitar que cualquier persona pueda adquirirlas sin control.
“Si hubiera una ley donde se pidiera un comprobante para poder vender este tipo de productos, se evitarían esas cosas. Ojalá que la fiscalía haga su trabajo, porque al menos en este fraccionamiento no es la primera vez que esto ocurre”, concluyó.
