Cualquier proveedor del gobierno puede enfrentar atrasos en los pagos; es probable y hasta común en la administración pública. Sin embargo, eso no justifica que una empresa deje de cumplir con su obligación más básica: pagar a sus empleados.
Incluso en sectores como los medios de comunicación, donde los pagos de publicidad oficial suelen retrasarse, los dueños hacen esfuerzos extraordinarios para cumplir con sus trabajadores y colaboradores, porque saben que detrás de cada salario hay familias que dependen de ello.
En este contexto, lo ocurrido con la empresa concesionaria del Circuito Metropolitano refleja no solo una crisis de liquidez, sino una falta de responsabilidad empresarial. Si los directivos no pueden con el paquete, deberían analizar seriamente si les resulta viable seguir operando o si es momento de entregar la concesión al Estado.
Por su parte, el gobierno no puede limitarse a paliar la contingencia con operativos emergentes. Es necesario ir al fondo del problema y valorar la aplicación de la figura de requisición, prevista en la Ley de Transporte, para asumir temporalmente el control de la operación y garantizar un servicio que es esencial para miles de ciudadanos.
Al final, lo que está en juego no son los intereses de una empresa, sino el derecho de la gente a la movilidad y la estabilidad laboral de decenas de familias que dependen de este sistema.
