Tras la desaparición de más de dos mil millones de pesos del ISSTEY, se hicieron necesarios mecanismos más discretos, incluso “legales”, para seguir extrayendo recursos.
Uno fue la venta de carteras de crédito —los préstamos de trabajadores— a empresas y financieras con historial de malos manejos.
Estas operaciones se formalizaron en la reforma a la Ley del ISSTEY del 19 de julio de 2014, impulsada por Zapata Bello. Ya se realizaban antes de su regulación, por lo que eran ilegales y dañinas para los trabajadores.
Otro mecanismo fue invertir el patrimonio de los trabajadores en títulos bursátiles de alto riesgo y permitir que financieras privadas otorgaran créditos de nómina a través de los llamados Préstamos ISSTEY Plus.
Desde 2014, Grupo Escorfín y sus filiales —encabezadas por Roberto Guzmán García— controlan gran parte de los recursos del ISSTEY mediante su filial Estratégica Corporativa de Finanzas y Promotora de Sistemas de Información SAPI de CV.
Al cierre del gobierno de Zapata Bello, la deuda ascendía ya a 2,749 millones de pesos. La mesa quedó servida para que la siguiente administración continuara el desfalco.
Continuará…
