La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de forma total y definitiva la empresa Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chi, debido al incumplimiento reiterado de siete medidas correctivas, entre ellas, la descarga directa de sus aguas residuales sin permiso y la omisión en la caracterización de sus lodos.
Con esta medida, la dependencia busca que la empresa se enfoque en la reparación de los daños ocasionados en la zona, a través de un estudio de daño ambiental y el seguimiento al proceso de desmantelamiento y abandono adecuado del sitio.
La clausura ocurre tras denuncias interpuestas desde 2021 por comunidades mayas y organizaciones civiles.
En respuesta, la Profepa ha realizado inspecciones en granjas porcícolas de Yucatán, en municipios como Muna, Kinchil, Izamal, Tizimín, Santa Elena, Conkal, Cacalchén, Hoctún, Hunucmá, Mayapán, Opichén, Maxcanú, Suma, Sotuta, Progreso, Tekax, Tixpéhual, Abalá y Kopomá.
Entre ellas, Pecuaria Peninsular fue una de las más señaladas y a la que se le impusieron diversas medidas correctivas.
“Este caso es fundamental para la Profepa; conocemos la lucha de años de las comunidades de la zona, quienes han padecido los impactos y las afectaciones a su calidad de vida y a su entorno. Las vecinas y vecinos de esta empresa se han amparado, han hecho denuncias, han buscado la justicia con autoridades de todos los niveles y hoy la Profepa trabaja con ellos para lograr esta clausura definitiva”, declaró la procuradora Mariana Boy Tamborrell.
La Profepa afirmó que atender los impactos ambientales de las granjas porcícolas en la Península de Yucatán es una prioridad.
El organismo aseguró que continuará trabajando para proteger el medio ambiente y la salud pública, garantizar el derecho humano a un entorno sano y regular de manera más efectiva a este sector.
