Para que realizar un trámite deje de ser una carga de tiempo, traslado y gasto para las familias, Yucatán se sumó al Pacto Nacional para la Implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, una estrategia que reúne a las 32 entidades federativas en torno a compromisos comunes de simplificación y digitalización de servicios públicos.
La firma del acuerdo permitirá consolidar un modelo de atención más claro, accesible y eficiente, en el que la ciudadanía pueda conocer mejor los requisitos, recibir respuestas en menos tiempo y realizar gestiones sin enfrentar procesos duplicados o innecesariamente complejos.
En representación de Yucatán, la directora general de la Agencia para el Desarrollo de Yucatán, Mary Angélica Pérez López, firmó el pacto en su carácter de autoridad local de simplificación y digitalización, junto con representantes de las otras 31 entidades federativas del país.
La participación de Yucatán en este acuerdo se suma a una agenda estatal que ya registra avances en áreas de alto contacto ciudadano, como el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y el Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy), donde se trabaja en la eliminación de requisitos, la reducción de tiempos de respuesta y la mejora de procesos internos para facilitar la atención a la población.
A partir de esta ruta, el estado también integrará trámites y servicios al Catálogo Único, adoptará modelos nacionales de homologación, promoverá el uso de plataformas digitales y difundirá los cambios administrativos para que la ciudadanía conozca, de manera clara, cómo realizar sus gestiones y qué requisitos debe cumplir.
Durante la reunión nacional, se destacó que detrás de cada trámite existe una necesidad concreta de la población, por lo que la tecnología debe funcionar como una herramienta para acercar el gobierno a las personas, no como una nueva barrera.
En ese sentido, la simplificación administrativa busca que los servicios públicos sean más accesibles para quienes requieren resolver gestiones relacionadas con identidad, patrimonio, actividades económicas, servicios o derechos.
Como parte de este proceso, las entidades recibieron el Catálogo Único de Trámites, integrado por 300 trámites y servicios estatales con requisitos homologados. Esta herramienta ayudará a ordenar procedimientos, reducir diferencias entre instituciones y dar mayor certeza a las personas usuarias sobre los pasos que deben seguir.
La necesidad de simplificar es relevante porque una persona realiza, en promedio, 485 trámites durante su vida, y 85% de ellos corresponde a gobiernos estatales y municipales.
Por ello, reducir la carga regulatoria no solo beneficia a quienes acuden a una oficina pública, sino también a familias, personas emprendedoras y empresas que requieren resolver gestiones para trabajar, invertir, estudiar o acceder a servicios.
