Yucatán es la cuarta entidad del país con menor “población delictiva” en el país y a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advierte que existen irregularidades en sus cuatro penales, en especial contra personas indígenas, con alguna capacidad limitada y de orientación sexual diferente, obtuvieron el octavo lugar nacional con la más alta calificación.
Asimismo, el estudio revela que durante 2021 solo se produjeron cuatro anomalías en los penales de Yucatán, consistentes en tres suicidios y una riña.
El reconocimiento del Estado más seguro del país se reflejó notablemente durante 2021, debido a que Yucatán se convirtió en la entidad con la menor incidencia delictiva del país y se ubicó entre las cuatro con menor población privada de la libertad, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), son diversas las irregularidades que prevalecen, afectando el bienestar de las personas internas en alguno de los cuatro Centros de Reinserción Social (Cereso) del Estado, principalmente las personas indígenas, con alguna capacidad limitada así como las de orientación sexual diferente.
Por ende, a Yucatán se le otorgó una calificación de 6.94 puntos, por lo que se ubicó entre las ocho entidades mejor calificadas, tomando en cuenta que el puntaje más bajo fue para Tabasco, con 4.21, y la más alta fue para Chihuahua, con 7.77.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021, elaborado por la CNDH, en el país existen 287 centros distribuidos en el país, tanto estatales como federales y militares, de los cuales, sólo se visitó 250 inmuebles, los cuales albergan 186 mil 238 personas.
Del total de centros penitenciarios, 233 son Ceresos con una población de 169 484 personas, de los cuales, 93 son varoniles, 118 son mixtos y 22 femeniles (Ceresofes).
Tan sólo en Yucatán hay cuatro penales, el de Mérida, el de Ebtún, comisaría de Valladolid, el de Tekax, y el Ceresofe, también en la capital yucateca.
En los centros penitenciarios hay mil 360 internos, de los cuales, mil 309 son hombres, el 96.25 por ciento, y 51 mujeres, el 3.75 porcentual.
Las cuatro instituciones pueden albergar a dos mil 606 hombres y 225 mujeres, pero actualmente se ocupa el 50.23 por ciento del área de varones y el 22.67 por ciento del espacio femenino.
Del total de reos que hay en Yucatán, mil 107 están en Mérida, 106 en Tekax y 96 en Valladolid.
En el caso de las reclusas, 20 están en el penal meridano, 19 en el Ceresofe, nueve en Tekax y tres en Valladolid.
El estudio determinó las deficiencias que prevalecen en cada inmueble, así como los logros y beneficios a favor de los presidiarios, por al penal de Mérida se le asignó una calificación de 6.65 puntos; 6.75 para el de Tekax; 6.83 para el de Valladolid, y 7.53 para el Ceresofe.
De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico, en 85 centros estatales visitados se observaron deficiencias en la atención a mujeres y/o menores que viven con ellas, tal el caso de Valladolid y Tekax.
Asimismo, en 52 centros estatales visitados se observaron deficiencias en la atención a indígenas, tal como se constató en el Ceresofe de Yucatán.
De igual forma, en 81 centros estatales visitados se observaron deficiencias en la atención a personas con discapacidad, tal como sucedió en el Valladolid.
Incluso, en 45 centros estatales visitados se observaron deficiencias en la atención a población LGBTTTIQ+, tal como ocurrió en el de Valladolid y en el Ceresofe.
Además que los cuatro penales yucatecos formaron parte de los 179 centros estatales visitados en los que se observó insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Perspectiva de Inegi
El Inegi realizó la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021, por lo de que junio a julio se visitaron 203 centros penitenciarios de ámbito federal y estatal.
En Yucatán, el 46.8 por ciento de la población tenía entre 18 y 39 años de edad, y el 74.9 porcentual señaló contar con estudios de educación básica.
Asimismo, el 81.4 por ciento manifestó haber tenido dependientes económicos la semana previa a su detención, en 2021, y el 93.8 porcentual contaba con un trabajo, desempeñando una profesión específica.
De igual forma, el 91.3 por ciento afirmó que tenía una orientación heterosexual, el 4.8 por ciento se declaró bisexual, y el 3.2 porcentual, como homosexual.
También se determinó que el 13 por ciento era hipertenso, el 9.1 por ciento era diabético, el 5.1 por ciento tuvo Covid-19, y el dos porcentual, tenía bronquitis o neumonía.
Incluso, el 35.9 por ciento reconoció que consumió tabaco en los últimos 12 meses; el 5.5 por ciento, bebidas alcohólicas; el 4.5 por ciento, marihuana; el 2.2 por ciento, antidepresivos y el uno porcentual, cocaína en polvo y crack, respectivamente.
El 16.3 por ciento aceptó haber sido juzgada por algún delito, de manera previa a su reclusión actual, y el 27.7 por ciento estuvo más de dos años en un centro penitenciario, y el 71.8 porcentual pasó más de dos años en libertad antes de ingresar al penal.
