MÉRIDA, 18 de febrero de 2020.- Estimular el Estado de Derecho, otorgar certeza jurídica a las inversiones y aumentar la competitividad, son algunos de los beneficios de que Yucatán cuente con una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), pues representa una herramienta que también permitirá garantizar la seguridad al ampliar acciones contra actividades delictivas, como la evasión y el lavado de dinero, afirmó la secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra.
Explicó que dicha Unidad tendría como tarea principal realizar la recepción, análisis y discernimiento de información patrimonial y económica para detectar posibles operaciones con recurso de procedencia ilícita, principalmente monitoreando registros públicos, de comercio, propiedad, notariales, entre otros, así como elaborar denuncias y presentarlas ante la Fiscalía General del Estado.
Fritz Sierra remarcó que el establecimiento de la UIPE contribuiría a fortalecer el clima de paz y tranquilidad que impera en el estado, pues es un instrumento que ayudaría a neutralizar los activos de la delincuencia organizada y actores involucrados en actos de corrupción.
Representa un apoyo a las autoridades competentes e instituciones financieras para la detección del lavado de dinero y financiamiento para fines delictivos, pues permite disminuir el potencial financiero, patrimonial y económico de la delincuencia organizada y los personajes particulares y públicos que participen en actos de corrupción, tendiente a proteger las actividades y sectores vulnerables a utilizarse en este tipo de delitos, manifestó la titular de la SGG.
Además, con la creación de esta Unidad, Yucatán estaría dando cumplimiento a un acuerdo aprobado el pasado 24 de enero de 2019 en el seno del Consejo Nacional de Seguridad de que los estados del país cuenten con esta herramienta, comentó Fritz Sierra.
Al esbozar la ruta que se tendría que recorrer para el surgimiento de la UIPE, la funcionaria estatal mencionó que en Yucatán no se han realizado las adecuaciones normativas que requiere el caso, como lo es la tipificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y la creación de la unidad administrativa.
Para ello, primero, es necesaria una modificación al Código Penal del Estado para tipificar dicha conducta, por lo que la SAF y la Fiscalía General del Estado elaboraron una iniciativa de ley que fue presentada el pasado 14 de febrero ante el Congreso local para su dictaminación, discusión y posible aprobación.
Una vez que la iniciativa sea aprobada por el Poder Legislativo se procedería a modificar el Reglamento del Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán (Recapy), que daría paso a la creación formal y jurídica de la UIPE, precisó la titular de la SGG.
La funcionaria detalló que consecutivamente se iniciaría el reclutamiento del personal idóneo, así como la capacitación de los mismos, asesorados por la Unidad de Inteligencia de Tamaulipas, considerada como la de mayor éxito en el país, y por la “Iniciativa Mérida” de la Embajada de los Estados Unidos, al mismo tiempo que se establecen convenios y mecanismo de acopio de información necesaria para la operación de la unidad.
Por último, Fritz Sierra precisó que, para la creación, desarrollo y consolidación de la UIPE, se tienen contemplado 2 etapas, de las cuales la primera sería este año y dependería de Asuntos Jurídicos de la SAF. La segunda fase estaría programada para el año siguiente, 2021, en el que se buscaría consolidar su actuación para trabajar de manera independiente y autónoma a los asuntos jurídicos de la SAF.
