MÉRIDA, 19 de febrero de 2020.- En el gobierno del Estado laboran 182 hombres y mujeres con capacidad limitada, informó la titular del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Teresa Vázquez Baqueiro, quienes realizan actividades específicas.
Indicó que por vez primera, en 2019 se efectuó un censo de personas especiales que laboran en el Gobierno del Estado, detectando que están distribuidos en 62 instancias del Ejecutivo local.
Remarcó que se da el ejemplo en la contratación de personas con capacidades limitadas, por lo que convocó a las empresas a contratarlos, al mismo tiempo que deben de brindarles las mismas prestaciones.
De acuerdo con la Ley, el tres por ciento del total de plantilla laboral de cada empresa debe estar integrado por personas especiales.
En el caso del gobierno del Estado, del total de casos, 108 tienen discapacidad motriz, el 59.34 por ciento, así como 29 con problemas auditivos, el 15.93 por ciento.
Asimismo, hay 21 individuos con discapacidad visual, ocho de tipo intelectual, y cinco con problemas psicosociales.
Destacó el caso de Melisa Escamilla, quien padece de síndrome de Down, pero el Gobierno del Estado la contrató como entrenadora de chicas que participarán en competencias de gimnasia.
Resaltó la importancia de la aplicación de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificado por México el 17 de enero de 2008, la cual “es necesaria para cambiar paradigmas y lograr la igualdad en derechos y dignidad”.
Vázquez Baqueiro explicó que en el pasado se aplicó un modelo de asistencialismo y paradigma médico que veía a las personas con discapacidad como enfermas; por lo tanto solo eran tratadas por médicos.
Por su parte el asistencialismo se reducía a la entrega de utensilios para dichos grupos de la sociedad, ejemplo de ello es la entrega de sillas de ruedas.
Abundó que antes del asistencialismo y el paradigma médico existió la primera etapa denominada modelo de prescindencia, que consistió en que las personas con capacidad limitada eran abandonadas por la sociedad y en el mejor de los casos, eras rescatadas por grupos religiosos.
Finalmente, señaló que en el marco legal, empezando con la Constitución, se establece que todas las personas deben ser tratadas por igual y gozar de todos sus derechos.
Además, prohíbe la discriminación a cualquier grupo social, lo que incluye a las personas con capacidad limitada, concluyó.
