[vc_row][vc_column][vc_column_text]A consecuencia de la desidia de las autoridades, los integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) realizarán un paro nacional de transporte, previsto para el próximo martes 29, enfilando las unidades a un costado de las principales carreteras del país, así como también se efectuarán caravanas de protesta, anunció el dirigente de esta asociación, Javier Poot Alonso.
Lamentó el desinterés federal para la solución de su pliego petitorio, pues los transportistas son víctimas de los delincuentes y hasta de las propias autoridades, tanto de la policía federal como del ministerio público de entidades del centro del país,
Comentó que la manifestación iniciará a las 7 de la mañana, en las principales carreteras de los 32 estados del país, al mismo tiempo se realizarán caravanas a las entradas de la Ciudad de México, así como en el Estado de México Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Toluca y Yucatán.
Mencionó que en Yucatán se espera la participación de al menos 100 transportistas, quienes estacionaran sus unidades a un costado de la carretera Mérida-Campeche.
Abundó que al gobierno federal le han pedido sacar de circulación a los dobles remolques, la falta de licencias y exámenes médicos para operadores.
Asimismo, se exigió más seguridad en carreteras, el detener los cobros excesivos de los servicios auxiliares de grúas, al igual que el disminuir el precio de los combustibles y de las casetas de peaje, además del reemplacamiento de vehículos de carga, pasaje y turismo.
Debido a la inseguridad que prevalece en el país, el sector transportista considera a 2019 como uno de los peores años, de ahí la importancia de que el gobierno fortalezca las medidas para disminuir la incidencia delictiva.
Afirmó que en Puebla y el Estado de México, principalmente, “hay un negociazo en el que participan autoridades estatales y federales así como trabajadores de empresas que prestan el servicio de grúas”.
Cuando se registra un incidente carretero en dichas entidades del centro del país, ya sea la Policía Federal, el Ministerio Público o el encargado de la grúa exigen el pago de 150 mil pesos para liberar la unidad, por concepto del arrastre y seguridad del mismo.
Abundó que ya se interpusieron las respectivas denuncias, cuyas investigaciones continúan, y se tienen las pruebas para sustentar las querellas.
Poot Alonso comentó entre las peticiones hechas a las autoridades yucatecas está el análisis y debate de la iniciativa de modificación de la Ley y Reglamento de Tránsito y Vialidad del Estado.
También se solicitó la instalación de una Central de Carga y de un Paradero Seguro, que cuente con talleres y módulos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Guardia Nacional.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
