Representantes de cuatro organizaciones no gubernamentales denunciaron las arbitrariedades que prevalecen en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, ya que criminaliza el trabajo sexual, al mismo tiempo que fomenta la transfobia.
Señalaron diversas las contradicciones del documento, pues dijeron que si bien fomenta la equidad y los derechos humanos, también promueve la transfobia; pide el respeto laboral pero impide que lo hagan los trabajadores sexuales.
La encargada del jurídico de la Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y Educativa para al Crecimiento Personal (Unasse), Amelia Ojeda Sosa, explicó que el pasado 14 de septiembre entraron en vigor diversas reformas a disposiciones de dicho Reglamento, las cuales “incorporaron prohibiciones que representan una restricción a derechos humanos”.
Especificó el caso de la fracción VI del artículo 15 relativo al título III “de las infracciones a la dignidad de las personas”, que establece la prohibición de ejercer el trabajo sexual en la vía pública.
“Esta prohibición representa una criminalización y estigmatización de las personas trabajadoras sexuales situación que ya es considerada contraria a los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, acotó.
Explicó que “debido a que se viola frontalmente la perspectiva garantista que reconoce como fundamental el principio de dignidad y garantiza el de no regresividad y progresividad de forma transversal para los derechos”.
Ante tal arbitrariedad, optaron por acudir a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), peor fue notable el desinterés.
En consecuencia, 10 trabajadoras sexuales presentaron un juicio de amparo, el cual recayó en el Juzgado Segundo de Distrito.
Por su parte, Abigail Trillo Herrera, representante de Yucatrans, abundó que en dicho amparo, las quejosas establecieron que “resulta inconstitucional y violatorio de nuestros derechos humanos al establecer la prohibición de ejercer el trabajo sexual en la vía pública”.
Incluso, comentó que ya al menos una trabajadora sexual que fue detenida y pasó 36 horas incomunicada.
Advirtió que la problemática es peor en los límites entre Kanasín y Mérida, pues además de la detención, las trabajadoras sexuales son violadas.
“Las personas que ejercen el trabajo sexual sufren violencia institucional, exclusión y marginación, debido a la negativa al reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos”, subrayó.
De este modo, “nos preocupa la normativa de referencia, dado que en los hechos se generan condiciones que implican profundizar esa situación de exclusión y discriminación que ya existe”, abundó en la conferencia de prensa.
Reiteró que el trabajo sexual debe ser entendido como un trabajo no asalariado, motivo por el cual, “no puede ser calificado simplemente desde un punto de vista moral, pues actualmente se ejerce dentro de un contexto de discriminación, violencia, inseguridad, abuso, falta de oportunidades y acceso a derechos”.
Kenia Zarza Sierra señaló que “simplemente somos trabajadoras sexuales, no estamos trabajando para nadie”, por lo que pidió a las autoridades a que les permitan laborar.
Expresó que con tal postura, el Ayuntamiento de Mérida sólo promueve la trata de personas, además que “si hay trabajo sexual es porque hay consumo”.
