MÉRIDA.- El Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SEAY) informó que 36 funcionarios de 17 ayuntamientos fueron sancionados por pretender aprovecharse de los recursos extraordinarios estatales que se pusieron a disposición de los ciudadanos que perdieron su empleo a raíz de la emergencia sanitaria por Covid-19.
De acuerdo con el organismo, las irregularidades fueron detectadas gracias a la activación del mecanismo de queja de la SEAY, y las sanciones se aplicaron conforme a las normativas propias de los ayuntamientos involucrados.
En abril pasado, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SEAY, Mónica Febles Álvarez-Icaza, activó la queja por indicios de posibles actos de corrupción de servidores públicos que pretendieron acceder a los apoyos del Programa de Desempleo lanzado por el gobierno estatal para apoyar a quienes perdieron su empleo por las medidas aplicadas debido a la pandemia de covid-19.
La SEAY detalló que hasta el momento han dado respuesta a la indagatoria en un 44 ayuntamientos, y en 17 de ellos identificaron a 36 servidores municipales que habrían solicitado el seguro de desempleo, cuando nunca perdieron su trabajo.
En función a la falta cometida por los servidores públicos, los ayuntamientos impusieron sanciones que van desde apercibimientos y suspensiones, hasta el cese definitivo.
“Fueron retiradas de sus cargos cuatro personas; otras seis, suspendidas; a 16 más les abrieron expedientes administrativos y recibieron amonestaciones; en dos casos se realizaron procedimientos con base en códigos de ética, y finalmente en ocho personas más están por determinarse las sanciones correspondientes”.
El organismo comentó que aún faltan por dar respuesta a la Comisión Ejecutiva 62 ayuntamientos, así como otras instituciones a las que se solicitó información.
Como se informó, al inicio de la contingencia sanitaria, el gobierno del estado lanzó un programa de seguro de desempleo para apoyar a las familias que perdieron su trabajo o su fuente de ingresos debido a la cuarentena.
El apoyo incluyó un pago de 2,500 pesos por personas durante abril y mayo.
Cuando se hizo pública la lista de beneficiados ciudadanos denunciaron que entre los beneficiarios estaban funcionarios de ayuntamientos e incluso empresarios.
También se detectó a líderes sindicales, a ex alcaldes e incluso parientes de la ex senadora Angélica Araujo Lara.
Ante estas denuncias, el Gobierno del Estado anunció que a las personas que no lo necesitaban se les eliminaba de la lista.
Por estas quejas, el proceso de entrega de apoyos se volvió riguroso. Cuando los encargados de entregar el dinero llegaban a las casas verificaban que el beneficiario en realidad lo necesitara.
Antes de entregar el dinero le tomaban una foto a la vivienda y la enviaban a un comité de evaluación para que determinara lo conducente. Si se aprobaba, se entregaba el apoyo.
Hubo casos de varias personas que se quedaron sin recibir el dinero tras constatarse que no lo requerían, y en su lugar se les entregó a las personas necesitadas que habían quedado fuera de las listas.
El programa benefició a más de 46 mil yucatecos durante abril y mayo.
Con información de Proceso y Archivo/Yucatán Ahora
