[vc_row][vc_column][vc_column_text]“En su administración como gobernador, Rolando Zapata Bello se apoderó de cerca de tres mil 500 hectáreas de tierras, con tal de beneficiar a diversos empresarios, principalmente, a la constructora Proser, propiedad de la familia Abraham Mafud”, denunció la comisaria ejidal de Chocholá, Claudia Fabiola Cob Durán.
Remarcó que el costo real de las tierras vendidas durante su sexenio fue de 280 millones de pesos, pero sólo se pagó 70 millones, y lo peor de todo, en la mayoría de los casos, el dinero nunca llegó a los propietarios de los terrenos.
Asimismo, a lo largo de seis años se afectó a miles de ejidatarios del Estado, y de tan sólo de Chocholá fueron 564 campesinos.
Indicó que la estrategia fue primeramente pactar con los comisarios para convencer a los ejidatarios que no saben leer ni escribir para que firmen un documento y de ésta manera “sean apoyados por las autoridades gubernamentales”, para luego aprovecharse de los demás.
Remarcó que en todo momento, Zapata Bello fue apoyado por el titular de la Procuraduría Agraria (PA) de Yucatán, Omar Corzo Olán, así como por el delegado del Registro Agrario Nacional (RAN), Cástulo Ramírez García.
“Ambos funcionarios federales solo defienden los intereses de los grandes acaparadores de tierras”, acotó.
Expresó que primeramente, los empresarios ‘compraron’ todas las tierras de Komchén y Chablekal (comisarías de Mérida), tienen en la mira a Chocholá y Maxcanú donde, en complicidad con autoridades ejidales salientes, se apoderaron de grandes extensiones del ejido.
Los principales beneficiados son los hermanos Abraham Mafud, propietarios de las empresas Proser y Occica, los cuales eran muy amigos de Zapata Bello, quienes les solapó la construcción de caleras y cementeras, a pesar del daño ocasionado al medioambiente, y para lo cual, tuvieron que rellenar algunos cenotes.
Por su parte, la afectada María Uicab Cab, aseveró que los ejidatarios de Chocholá exigen la devolución de sus tierras, ya que “a seis años de la ilegal venta, siguen esperando el dinero que se les prometió”.
Enfatizó que el comisario saliente, Albino Núñez, y su secretario Paulino May Moo, vendieron 600 hectáreas cuando el trato fue de 500.
Ambos se dividieron las ganancias por las 100 hectáreas restantes, además que a cada ejidatario le dieron menos de 30 mil pesos.
“Confiamos May Moo, quien en ese entonces informó que iba a rentar las tierras, por lo que firmaron los respectivos documentos, aún cuando no saben leer y escribir, pero nunca nos imaginamos que vendería sus tierras en tan solo 1.80 pesos el metro cuadrado”, subrayó.
Comentó que en ningún momento les dieron el dinero de las supuestas rentas, por lo que todo fue un vil engaño orquestado por el ex gobernador Rolando Zapara Bello”, abundó.
Resaltó la labor de Cob Durán, quien lucha para lograr el desmantelamiento de la calera de Proser, y por ende, recuperar las tierras “que injustamente le quitaron a numerosas familias”.
“Por pelear por los derechos de los ejidatarios, Zapata Bello la quiso destituir en una asamblea ejidal, acto en el que intervino el Tribunal Agrario, el cual se prestó para esas fechorías”, abundó.
Posteriormente, fue acusada de allanamiento de morada, motivo por el cual fue detenida, pero en la noche la liberaron sin cargo alguno en su contra, por lo que fue un acto de intimidación de Zapata Bello.
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