La juez Grissell Rodríguez Febles, titular del Juzgado Primero de Distrito con residencia en Campeche, frenó por tiempo indefinido las obras nuevas del segundo tramo del Tren Maya que va de Escárcega a Calkiní, Campeche.
La funcionaria judicial concedió la suspensión definitiva a representantes de comunidades indígenas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como a organizaciones de la sociedad civil, quienes reclamaron las omisiones de las autoridades de garantizar derechos en el desarrollo de dicho proyecto.
La juez explicó que la medida cautelar es para el efecto de que “las autoridades responsables se abstengan ejecutar obras nuevas en el tramo dos que comprende Escárcega-Calkiní, Campeche, en el entendido que, si el proyecto sólo requiere rehabilitar y/o dar mantenimiento a vías férreas preexistentes, para materializar la obra, las autoridades responsables sí podrán ejecutar esas actividades.
Agregó que la medida cautelar no impide a las responsables realizar los actos administrativos como: licitaciones, obtención de permisos ambientales y de cualquier otro rubro, así como la elaboración de presupuestos y proyectos, porque dichos actos no conllevan daño inminente a la parte quejosa.
Aurora Beltrán, habitante de Quintana Roo, afirmó que este proyecto, además de cambiar su forma de vida, está especulando con la tierra.
“Este proyecto promueve la especulación de la tierra, promueve la especulación de nuestro territorio para construir ciudades nuevas, hoteles, construcciones inmobiliarias y va a acrecentar de manera exponencial las actividades agropecuarias, los asentamientos humanos, las actividades turísticas y al no hacer análisis, todo esto en conjunto, no da una idea clara de los impactos socio-ambientales que tendrá en nuestra región”, dijo.
Genomenil López, habitante de Xpujil, Campeche, comentó que a la fecha, las autoridades no les han proporcionado información detallada sobre este proyecto.
“Es que utilizan a los pobres artesanos, lo hacen creer que con el Tren Maya esa es la solución, para nosotros esa no es la solución, es el engaño, muchas autoridades están a base de engaños, no están hablando con la verdad”, indicó.
La juez Rodríguez Febles dio un plazo de 48 horas para que las autoridades rindan su informe previo, apercibidas que de ser omisas se presumirá cierto el acto que se les reclama, y se les impondrá una multa de 8 mil 688 pesos.
