El regidor morenista del Ayuntamiento de Mérida, Diego Carrera Pérez, afirmó que el exalcalde Renán Barrera Concha debería ser investigado e incluso procesado por presunto encubrimiento, ante lo que calificó como un manejo irregular de más de 15 millones de pesos en la paramunicipal Servilimpia, detectado, según dijo, en auditorías realizadas entre 2018 y 2023.
Durante sesión de Cabildo, Carrera Pérez expresó su respaldo a la reciente denuncia por un presunto desfalco de 5.7 millones de pesos, pero advirtió que el problema no se limita al hecho recién señalado.
“El patrimonio público se defiende y punto. Pero para que esto sea justicia y no simulación, hay que mirar la película completa y señalar a los responsables políticos”, sostuvo.
El regidor citó diversos informes de la Auditoría Superior del Estado (ASEY) que, aseguró, muestran un patrón constante de facturas irregulares, pagos sin comprobación y falta de controles en Servilimpia “por lo menos desde 2018”.
Carrera Pérez recordó que en 2020 la auditoría reportó “un descontrol absoluto”, con pagos a proveedores inexistentes y falta de documentación por 15 millones de pesos, lo que —señaló— revelaría una grave falta de vigilancia administrativa.
“Esto nos pone frente a un dilema que la administración anterior no puede evadir: o la cabeza del Ayuntamiento no le dio la importancia debida a lo que pasaba en sus propias empresas, o sabía perfectamente lo que decían las auditorías y decidió ignorarlas”, afirmó.
Según el regidor, los hechos apuntan a la segunda posibilidad. Argumentó que, pese al cambio de dirección en 2021, las anomalías se repitieron en 2021, 2022 y 2023, lo que calificó como la continuidad de un esquema institucionalizado.
“Fue una instrucción institucional que trascendía a los directores”, dijo. “Al permitir que el sistema siguiera operando idéntico con diferentes titulares, normalizaron la corrupción como forma de gobierno”.
Carrera Pérez exigió que la Contraloría Municipal investigue a fondo los ejercicios 2018–2023, donde —afirmó— se acumulan más de 26 millones de pesos en observaciones.
Finalmente, advirtió que, si hoy se denuncia penalmente la falta de documentos, el mismo criterio debe aplicarse a las administraciones pasadas.
“No queremos denuncias de archivo ni impunidad selectiva. Queremos saber dónde quedó ese dinero y quiénes fueron los responsables políticos de permitirlo”, concluyó.
El Cabildo continuó la sesión sin más intervenciones sobre el tema.
