Dos colombianas que fueron detenidas durante un operativo en Mérida, y que iban a ser deportadas a su país vía la Ciudad de México, obtuvieron un amparo tras denunciar incomunicación, tortura psicológica, malos tratos y violaciones graves a su proceso.
La protección de la justicia federal mexicana fue otorgada contra acciones del Instituto Nacional de Migración (INM) con sede en Yucatán.
El caso comenzó el 8 de agosto de este año, cuando en medio de una serie de operativos la policía migratoria acudió a un sport bar del centro de la ciudad, y detuvo a cuatro extranjeras que fueron llevadas a la estación migratoria de Mérida.
Una semana después se le otorgó la libertad a dos de ellas por estar regulares en el país, pero a K.C.L.B. y A.M.G.B. se les mantuvo retenidas en la estación migratoria, donde presuntamente sufrieron misoginia por parte de las servidoras públicas de dicho instituto, además de incomunicación, tortura psicológica, malos tratos y violaciones graves a su proceso.
Según dijeron, no les permitieron tener un abogado, ni mucho menos ofrecer pruebas para otorgarles el derecho a la regularización en el país, de lo cual se abrió una carpeta de investigación en Derechos Humanos.
Presuntamente bajo engaños, el 15 de agosto las colombianas fueron trasladas vía aérea a la Ciudad de México para ser enviadas a Colombia, pero un juez federal ordenó suspender su deportación hasta analizar el procedimiento migratorio, por lo que las extranjeras fueron remitidas de nuevo a Mérida.
Después de cinco meses, un juez federal les concedió amparo a las sudamericanas y ordenó al INM que deje sin efectos la deportación de las colombianas por encontrar violaciones graves al debido proceso y a los derechos humanos.
Además se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República en contra de los servidores públicos del INM en Mérida.
