Por: Manuel Lizarraga
MÉRIDA.- La falta de recursos en los municipios para atender las necesidades más urgentes es una realidad y ha obligado a varios alcaldes solicitar al Congreso del estado la autorización para contraer préstamos bancarios para atenderlas.
Sin embargo, se han topado con la negativa de los diputados de las fracciones del PRI, y MORENA, quienes no dicen qué motivos tienen para proceder de esta manera, pero la falta de análisis de estos “representantes populares” se manifiesta al negar su voto por mero capricho partidista, pasando por alto las causas que la originan y la necesidad real que la situación amerita.
Es bien sabido que una de esas causas son las deudas de diversas índoles heredadas por administraciones pasadas, como son las de carácter fiscal, que por su naturaleza tienen que ser liquidadas sin excusa alguna debido a que son institucionales, es decir no importa en que administración se generó, hay que pagarlas para evitar más recargos y embargos al municipio, lo mismo sucede con las de carácter laboral que se siguen incrementando a la fecha y que al final de cuentas serán impagables.
La falta de recursos financieros no es privativa de nuestro estado, ni de los municipios, pedir prestado no es la panacea, porque es endeudar más al municipio o al estado. Entonces lo más conveniente es la recuperación de los millonarios desvíos de ex funcionarios del gobierno anterior, de los ex alcaldes.
Sobra hablar de esas cantidades, pero todos sabemos que son muchos millones de pesos que en estos momentos hacen falta para afrontar la situación que se vive en todos los niveles de gobierno.
El órgano fiscalizador del Poder Legislativo, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) ha cumplido con la parte que le corresponde, así lo consigna en un reporte reciente que en que hace público que el año pasado presentó 58 denuncias, de las cuales al menos 11 fueron turnadas ya a la Fiscalía General de la República (FGR), por tratarse de la afectación de recursos federales en los municipios.
Subraya que el año pasado fue cuando se presentó la mayor cantidad de demandas contra los ex ediles, y cabe señalar que las 13 denuncias que corresponden a los ocho meses del 2018 ascienden a 129 millones de pesos, lo que demuestra el alto grado de corrupción que imperaba y muy probable siga imperando en los municipios.
Adicionalmente a lo anterior, hay que recordar que en la Fiscalía General duermen el sueño de los justos otras 35 denuncias contra ex funcionarios del gobierno anterior y de las que ningún organismo habla, pues al parecer le apuestan al olvido.
Como sociedad nos organizamos para realizar protestas para exigir nuestros derechos, para manifestarnos en contra de lo que se nos ocurra, pero jamás nos hemos organizado para pedir que se aplique la ley en casos de corrupción, da la impresión que poco o nada nos importa a este flagelo, hoy por hoy debemos hacer conciencia y exigir a esos nuevos órganos creados para combatirla y erradicarla cumplan con su cometido.
