Como parte de las diligencias para el esclarecer el caso de José Eduardo Ravelo Echavarría, agentes de la FGR, la PEI y la FGE entrevistaron a los encargados de la frutería La Siembra, ubicada en la calle 21 de Chuburna, donde trabajó el joven veracruzano que murió presuntamente tras torturado y violado por agentes de la Policía Municipal de Mérida.
La diligencia se realizó anoche en el establecimiento ubicado en la calle 21 con 30 del fraccionamiento Chuburná Colonos Cordemex.
Como hemos informado, los encargados de la frutería son testigos claves para determinar el estado en que llegó José Eduardo tras salir de la cárcel municipal, donde presuntamente fue torturado y violado.
De acuerdo con lo que se sabe, cerca del mediodía del 22 de julio el joven veracruzano llegó en taxi a la frutería, incluso el dueño fue el que pagó el servicio a petición de José Eduardo.
También fue el dueño del local el que le sugirió ir al médico al verlo que escupía sangre.
José Eduardo compartía cuarto con un hermano menor del dueño, y fue su compañero de habitación el que le tomó las fotos que envió a sus familiares en Veracruz, donde se constatan los golpes que recibió.
Al enterarse de estos, la señora María Ravelo Echavarría, madre de José Eduardo, se trasladó a Mérida y lo llevó al Hospital O’Horán, donde le recomendaron que interpusiera una denuncia penal.
En la Fiscalía General de Yucatán le tomaron su declaración y al ver la gravedad de sus lesiones de nuevo lo enviaron al hospital, pero en una ambulancia.
José Eduardo falleció el pasado 3 de agosto, luego de convalecer varios días en el hospital.
El sábado 21 de agosto agentes de la Fiscalía General de la República exhumaron el cuerpo del joven fallecido, quien fue sepultado en el cementerio de Ciudad Isla, Veracruz.
El pasado lunes 16 de agosto, el presidente López Obrador anunció que daría instrucciones a la titular de la Segob para analizar una posible denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por este caso.
“Voy a dar instrucciones a la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y que se vea la posibilidad de que el gobierno de la República, el gobierno federal presente una denuncia para que no se quede en el ámbito local este asunto y se castigue a los responsables, incluso a las autoridades que estén encubriendo el caso; esto solo cuando se demuestre que se cometieron violaciones graves que llegaron al homicidio del joven José Eduardo”, dijo en aquella ocasión.
Al día siguiente, el Presidente informó que la Fiscalía General de la República (FGR) “atraería” el caso. La respuesta de la dependencia fue inmediata, pues anunció que abrió una carpeta de investigación y envió a Mérida personal pericial especializado y de investigación policiaca federal, para iniciar las diligencias que sean procedentes.
El mismo lunes 16 de agosto, María Ravelo Echavarría, madre de José Eduardo, sostuvo comunicación con Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
En días posteriores la señora Ravelo se reunió con Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, quien escuchó y atendió las demandas de justicia de la señora María Ravelo, para que el caso de su hijo no quede impune.
En la reunión estuvieron también los titulares de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en México, y de la Conapred, que ofrecieron también apoyar a la madre de José Eduardo.
El miércoles 18 de agosto, el gobernador Mauricio Vila Dosal se reunió con la abogada Sánchez Cordero y el gabinete de seguridad del gobierno federal para abordar este tema.
En la reunión con funcionarios del Gabinete del Gobierno Federal, trascendió que el mandatario yucateco habló de las formas de sumar esfuerzos para encontrar la verdad sobre el caso del joven José Eduardo Ravello y se pueda hacer justicia; reiterando dicha búsqueda de la verdad.
Asimismo, se comentó que las autoridades federales y estatales están en amplia coordinación y realizando un esfuerzo conjunto por investigar abusos, discriminación e incluso posibles ocultamientos de funcionarios municipales en el caso, y que no se bajará la guardia hasta esclarecer por completo el caso.
El joven veracruzano, como informamos, falleció tras sufrir presuntas torturas y violación a causa de los agentes municipales que lo detuvieron el 21 de julio en el parque de San Juan.
Durante su estancia en la cárcel de la PMM, entre el día 21 y 22, sufrió también vejaciones que le causaron lesiones que, a la postre, le ocasionaron la muerte.
Por este caso fueron detenidos cuatro policías municipales que fueron imputados por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, violación agravada y tortura agravada.
Sin embargo, el juez consideró que no hubo motivos suficientes para vincularlos a proceso penal y los liberó.
La Fiscalía General anunció que hará válido el recurso de apelación sobre este resultado, con base en los plazos establecidos en el Código Penal, pues consideró que hay elementos suficientes para considerar la culpabilidad de los policías municipales.
