El presidente del Comité Municipal del PRI en Mérida, Rafael Alejandro Echazarreta Torres, fue imputado por el Juez Primero de Control por su presunta responsabilidad en el delito de fraude.
Aunque el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión justificada, esta fue desestimada por el juzgador, quien en su lugar impuso otras restricciones, entre ellas, el uso de un brazalete electrónico.
El caso fue iniciado a partir de una querella interpuesta por el empresario Horacio De Freitas Da Silva, quien reclama el pago de un préstamo de 12.5 millones de pesos que habría entregado a Echazarreta hace más de un año y que, asegura, jamás le fue devuelto.
La denuncia derivó en una investigación que culminó con la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, donde se decretó la vinculación a proceso del dirigente partidista.
Además del brazalete electrónico, el juez ordenó que Echazarreta firme periódicamente ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares, deposite una garantía económica en un plazo de 15 días, no salga del estado salvo por motivos de salud y se someta a vigilancia domiciliaria.
También se le prohibió acercarse al querellante, ni a su domicilio ni en lugares públicos, en un radio de 100 metros.
Durante la audiencia, el imputado solicitó que se resolviera su situación jurídica en el plazo constitucional de 72 horas, por lo que la continuación del proceso fue fijada para el 14 de julio en la sala número 4 del mismo centro judicial.
En ese momento, se determinará si se mantiene o modifican las medidas impuestas mientras avanza el juicio.
