El Poder Judicial del Estado certificará a los egresados del Instituto Internacional de Gobierno Corporativo y Mejores Prácticas (IGOME) que se formen en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) bajo las figuras de Facilitadores Privados, Abogados Colaborativos y Especialistas en Justicia Restaurativa, por lo que contarán con pleno reconocimiento y validez oficial.
La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, María Carolina Canto Valdés y el presidente del IGOME, Bernardo Rivadeneyra Pérez, firmaron un convenio de colaboración para desarrollar e impartir programas académicos en MASC, que incluye esta certificación, todo en cumplimiento con los lineamientos vigentes de la Ley General en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, publicada el año pasado.
Entre algunos de los compromisos adquiridos por ambas partes al signar este acuerdo figuran la elaboración de cursos, talleres, diplomados y programas de formación, actualización y especialización en la materia, asegurando que los contenidos académicos se ajusten a los estándares y requisitos determinados en los lineamientos de capacitación.
También validación por parte del Poder Judicial de los programas de formación antes de su implementación garantizando su alineación con las disposiciones normativas aplicables.
Respecto a la mencionada certificación, en el documento se precisa que se otorgará a las personas participantes en los programas académicos que cumplan con los requisitos establecidos con las instancias competentes del Poder Judicial.
Acompañada de la magistrada Graciela Torres Garma, la consejera de la Judicatura, Claudia Pedrera Irabién y la directora del Centro Estatal de Solución de Controversias, Elma Gabriela Ávila Miranda, Canto Valdés señaló que esta alianza va más allá de una capacitación o programa académico, porque su objetivo principal es contribuir a restaurar el tejido social y abonar a la sociedad.
“En el Poder Judicial de Yucatán estamos comprometidos con las causas que fomenten esta cultura de paz a través de los MASC, quienes integramos esta institución tenemos ese compromiso y queremos que Yucatán se siga distinguiendo por esa cultura de paz que la caracteriza y que podamos orientar a los ciudadanos a una solución de controversias pacíficas”, expresó la magistrada presidenta desde la Sala de Usos Múltiples de la sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
En ese marco, Canto Valdés reconoció a Rivadeneyra Pérez como un promotor de la cultura de la paz no solo desde el IGOME sino también de manera particular como un ciudadano comprometido con la resolución pacífica de los conflictos, al tiempo de agradecerle por su participación, comentarios, y aportaciones con relación al proyecto del Poder Judicial para que Yucatán cuente con un Juzgado Especializado en Arbitraje y Medios Alternativos de Solución de Controversias.
En su turno, Rivadeneyra Pérez señaló que la profesionalización de los facilitadores, abogados colaborativos y especialistas en justicia restaurativa no es lujo, es una necesidad, pues desde el IGOME reconocemos que no hay justicia sin formación.
La firma de este convenio representa un compromiso sólido con la formación de profesionales capaces de generar acuerdos, prevenir conflictos y acompañar procesos restaurativos con ética y sensibilidad, cada vez más profesional.
Al acto acudieron la directora de la Escuela Judicial, Silvia Lara Medina, la gerente del Centro Privado de Mediación, Conciliación y Arbitraje, Andrea Guadalupe Ávila Quijano, la directora del Instituto IGOME, Esther Rodríguez Janeiro y el abogado titular de la Notaría 25, Bernardo Rivadeneyra Bassó.
