El proyecto inmobiliario “Ciudad Maderas”, ubicado entre las comisarías de Chuburná y Chelem, en el municipio de Progreso, afectó una amplia superficie de selva baja caducifolia colindante con los ecosistemas costeros de Yucatán.
Así lo denunció Sergio Oceransky, representante de la Fundación Yansa, quien interpuso la denuncia que derivó en la reciente clausura del proyecto por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
“Estamos hablando de una superficie muy grande, entre 100 y 200 hectáreas de selva baja caducifolia colindante con los ecosistemas costeros de dunas, sabanas y manglares. Eso iba a tener consecuencias muy graves para la salud de todos esos sistemas y para las comunidades costeras”, explicó.
Recordó que la urbanización masiva de esa franja podría llevar al colapso de los ecosistemas, fundamentales ante los efectos del cambio climático y el aumento del nivel del mar.
El ambientalista detalló que presentó una denuncia ante Profepa en 2023, pero ante la falta de resultados decidió acudir a la Fiscalía General de la República (FGR).
“Al día siguiente de interponer la denuncia ante la FGR, me llega una notificación de Profepa diciendo que habían cerrado mi denuncia poco antes. Determinaron que no había irregularidades, aunque en sus propios informes se observan evidencias claras de afectación ambiental”, señaló.
Debido a esto, interpuso una demanda de amparo contra el cierre “en falso” de la denuncia.
El Juzgado Tercero de Distrito de Yucatán emitió una suspensión definitiva que impide a la empresa continuar las obras mientras se desarrolla el juicio.
“Esto quiere decir que Ciudad Maderas no puede seguir construyendo ni avanzar con ninguna actividad. La expectativa es que se pruebe la inconstitucionalidad del proyecto y se ordene restaurar la vegetación nativa afectada”, indicó Oceransky.
El representante de Fundación Yansa subrayó que el proyecto fue autorizado de manera irregular por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sin el permiso de cambio de uso de suelo forestal requerido.
“La empresa aseguró en su manifestación de impacto ambiental que la selva no se podía considerar cobertura forestal, y Semarnat lo aceptó. Profepa luego validó esa violación diciendo que todo estaba bien. Es un caso grave de omisiones y complicidades”, acusó.
Finalmente, advirtió que este caso evidencia un patrón de impunidad.
“Parece que las leyes ambientales están de adorno cuando se trata de grandes empresas. Se las brincan todas: la empresa, Semarnat y Profepa. Pero cuando las comunidades defienden su territorio, ahí sí se les criminaliza. Lo que pasó en Ciudad Maderas es una muestra más de cómo se desprotege el medio ambiente en Yucatán”, concluyó.
