[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo formuló imputación contra Roberto J. Ibarra M., por irregularidades cometidas cuando se desempeñaba como presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen.
El indicado se ostentó como funcionario de la Fiscalía a General del Estado de Yucatán, donde al parecer se desempeña como coordinador de las agencias del Ministerio Público.
De hecho, exhibió recibos de nómina ante el juez de control ante el cual fue presentado en Playa del Carmen, esto a fin de demostrar que trabaja en Yucatán y solicitar así la libertad condicional para regresar al desempeño de sus funciones en Mérida, misma que le fue concedida.
De acuerdo con medios quintanarroenses, cuando el sujeto era presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen realizó juicios falsos que derivaron en el despojo de empresas y hoteles en Tulum, durante el gobierno de Roberto Borge.
Por ello, el funcionario yucateco fue procesado bajo la carpeta de investigación 245/2018, por el delito de “negligencia en el desempeño de su función o cargo”.
Presuntamente fue presentado mediante orden de aprehensión y en la audiencia fue vinculado a proceso, solicitándose en su contra la medida cautelar de prisión preventiva.
La defensa del indicado demostró mediante recibos de nomina que es trabajador activo de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en donde ostenta el cargo de “líder de proyectos”.
Ante ello, el juez optó por no dejarlo en prisión, pero ordenó la presentación periódica, por lo que deberá presentarse a firmar a Playa del Carmen el dia 13 de junio. Además, otorgó dos meses como plazo para el cierre de investigación.
Según medios del vecino estado, varios ex presidentes de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje en Quintana Roo fueron denunciados en 2018, entre ellos Roberto Ibarra.
Se les acusó por realizar juicios laborales “amañados” durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, pues se prestaron para cometer diversas acciones ilegales que derivaron en el despojo de casi 100 propiedades, atentando contra el derecho legítimo de los propietarios.
De acuerdo con la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Catalina Portillo Navarro, a principios de la admiración de Carlos Joaquín se denunció que, apoyados en juicios laborales falsos, funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Borge despojaron a empresas y particulares de bienes inmuebles, pero también de su dinero a través del congelamiento de cuentas bancarias.
Se detectó una red de complicidad operada por magistrados, jueces, funcionarios estatales y municipales y actuarios.
Ellos formaron parte de una red que despojó 44 hoteles y 19 terrenos en Tulum con juicios amañados, con un valor calculado de alrededor de 615 millones de pesos y derivó en más de 16 denuncias. (Con información de Formal Prisión)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
