[vc_row][vc_column][vc_column_text]Reconocidos políticos y empresarios se ostentan como ejidatarios, algunos de ellos de hasta 10 poblaciones, violando flagrantemente numerosas leyes con tal de acaparar tierras, denunciaron 18 comisarios y ejidatarios al revelar el caso de Felipe Cervera Hernández, Dulce María Sauri Riancho y Dafne López Martínez.
También mencionaron a Juan Carlos Briceño González, quien es ejidatario de Chocholá, Samahil, Kinchil, y otras siete poblaciones más, así como Gustavo Andrés Xacur García, Luis Alberto Sierra Sauri, Roberto Andrés Guraieb Guraieb, Ricardo José Hadad Musi, Tatiana María Farah Tello, entre otros.
En conferencia de prensa, en la que nuevamente se dio el total apoyo al delegado de la Procuraduría Agraria (PA), Alfredo Ramírez Gómez, reprobaron que las instalaciones permanezcan tomadas por un grupo de personas que sólo buscan el beneficio personal.
El representante del consejo de vigilancia de Lepán, comisaría de Tecoh, Julio Molina Us, aseveró que los inconformes que se apoderaron de la delegación de la PA, “son pseudo ejidatarios, un grupo de ratas, parásitos, personas que no saben agarrar una coa”.
“No son campesinos, no viven del campo, son falsos ejidatarios que sólo saben explotar a la gente, los cuales son apoyados por visitadores de la PA, quienes hacen todo el tejemaneje”, acotó durante el evento efectuado en el edificio de la ex facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
Aseveró que en el caso de los reconocidos militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), su intención es comprar hectáreas de terrenos en los cuales hay cenotes y sitios de interés histórico, con el objetivo de crear rutas turísticas.
Mientras que en el caso de los empresarios, “son latifundistas que han lograron pertenecer hasta en 10 ejidos sin que vivan en estas poblaciones, los cuales fueron aceptados por corruptos comisarios”.
El ejidatario de Seyé Armando Flores Miam lamentó la “voracidad de los empresarios”, quienes son capaces de todo con tal de corromper y apoderarse de tierras, y ejemplificó el caso del comisario Francisco Burgos Pech, cuya familia es dueña de 300 hectáreas y actualmente busca la destitución del delegado de la PA, para beneficiar a la iniciativa privada.
La comisaria de Chocholá, Claudia Cob Durán, refutó las acusaciones en su contra, y aclaró que sigue siendo la representante de los ejidatarios de esta parte del Estado.
Al mostrar los documentos que avalan que es la comisaria, lamentó la actitud de Paulino May Moo, quien se ostenta como el comisario avalado por el Registro Agrario Nacional (RAN), ya que “sólo piensa en su beneficio personal, y desea vender las tierras a cualquier precio ya que quiere trabajar en (la plataforma) Uber”.
Los inconformes afirmaron que están a favor de Ramírez Gómez, ya que “en todo momento está en contra de los especuladores de tierras”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
