[vc_row][vc_column][vc_column_text]El diputado Rafael Montalvo Mata presentó un proyecto de decreto en materia de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Yucatán, ante el pleno de la LXI Legislatura. La cual busca garantizar el derecho de toda persona a ser reparada en los daños y perjuicios que el estado le cause a sus bienes y/o persona, con motivo de la actividad administrativa irregular del Estado.
El legislador resaltó que para los ciudadanos del estado contar con una legislación y las garantías jurídicas necesarias para reclamar su derecho a una reparación e indemnización, cuando aquellas afectaciones provengan de la actividad administrativa irregular del estado, ya sea por conductas de acción o de omisión, ello en la inteligencia de que el estado, como ente natural de gobierno se encuentra obligado de manera constitucional y convencional a garantizar ciertas prestaciones y servicios a sus ciudadanos, de acuerdo a los estándares más altos posibles, buscando el beneficio colectivo de la sociedad.
Debido a que la Legislatura de nuestro estado ha sido omisa en dar cumplimiento al mandato regulatorio de la Carta Magna publicado el 14 de junio de 2002 respecto al tema mencionando, al no contar la armonización constitucional y con la ley reglamentaria especifica de tal derecho, deja en un estado de indefensión e injusticia, en vía ordinaria tales derechos y garantías, colocándose así éste congreso en una omisión legislativa absoluta en facultades obligatorias de cumplimiento y en franca disputa con la supremacía constitucional.
Montalvo Mata expuso que el propósito de la iniciativa presentada es integrar al ordenamiento jurídico local un sistema de responsabilidad patrimonial del estado, que surge de la exigencia cada vez más reiterada de la sociedad de acceder a la justicia, con sistemas ágiles para proteger a la ciudadanía evitando que quien sufra un daño, tenga que soportarlo inequitativamente.
El legislador concluyó advirtiendo que, de no realizar las medidas legislativas adecuadas para la consecución y protección del derecho a la reparación integral derivada de la actividad irregular del estado, se continuaría con un estado de inseguridad e indefensión jurídica, así como de vulneración y no respeto a los derechos humanos de todas las personas de Yucatán.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
