A fin de que, desde las instituciones educativas pública y privada de nivel básico, media superior y superior tengan la obligación de elaborar y poner en marcha diversos protocolos especializados que permitan la prevención, atención y erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, incluyendo conductas que atenten contra la imagen personal, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Karem Achach Ramírez, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En pasada sesión ordinaria, la diputada entregó a la mesa directiva del Congreso del Estado la iniciativa y aseguró que con la creación de nuevos mecanismos que ayuden a combatir la violencia contra las mujeres en espacios educativos, se da un paso importante para velar por el bienestar y los derechos de las mujeres del estado.
“Con el objetivo de fortalecer nuestro marco jurídico y promover la construcción de una política integral en materia de perspectiva de género, que permita detener la violencia y fomentar buenas prácticas a favor de las mujeres de nuestro Estado, quienes integramos la fracción legislativa del Partido Acción Nacional presentamos a consideración de este Honorable Congreso del Estado esta iniciativa con proyecto de decreto”, dijo.
La iniciativa contempla la siguiente reforma: se adiciona al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de Investigaciones, Innovación y Educación Superior (SIIES) y que tendrá entre sus atribuciones desarrollar acciones que ayuden en la difusión de contenido informativo en materia de violencia contra las mujeres, igualdad y no discriminación; promover cursos, talleres y conferencias, entre otros.
Impulsar la creación de Redes de Apoyo para Víctimas de Violencia contra las mujeres en las instituciones educativas, elaborar protocolos para prevenir, atender y erradicar cualquier tipo de violencia, vigilar que las instituciones promuevan y apliquen los protocolos en materia de violencia.
Asimismo, las autoridades educativas podrán aplicar las sanciones laborales o administrativas correspondientes, bajo la normatividad vigente, en caso de incumplimiento de los protocolos en materia de violencia contra las mujeres, ya sea por acción u omisión del personal que labora en los planteles escolares o centros educativos públicos o particulares.
Durante su exposición de motivos, la diputada destacó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Yucatán siete de cada 10 mujeres han sido víctima de violencia en alguna de sus múltiples manifestaciones, lo cual, agregó, es preocupante decir que cuatro de estas siete mujeres han sido agredidas ya sea por un compañero de escuela o maestro, dentro o fuera de su institución educativa.
Asimismo, recordó que, en el estado, durante los últimos tres años se han establecido diversos programas y políticas públicas encaminadas a erradicar la violencia de género, como ejemplo está el acuerdo entre las cámaras empresariales para incorporar el Distintivo Violeta en sus centros de trabajo, y con instituciones de educación superior para la creación de la Red de Universidades Violeta.
