La diputada local del Partido Morena, Alejandra Novelo Segura presentó una iniciativa con la que se reforma la Constitución Política del Estado, el Código Penal y la Ley de Salud con la que se busca la despenalización del aborto en la entidad.
En el ultimo día de sesiones ordinarias de este primer año legislativo, la morenista señaló en su exposición de motivos que con esta propuesta se busca eliminar la protección de la vida desde la fecundación, como lo marca actualmente la Constitución Política.
“Aborto legal ya, aborto legal, seguro y gratuito son las principales consignas que se escuchan en las principales plazas públicas de México, América Latina y el Mundo. Esta iniciativa es de todas las personas que estén a favor de los derechos humanos y en contra de la criminalización de mujeres y personas gestantes”, destacó.
La propuesta también señala que a quien hiciere abortar a una mujer o persona gestante sin su consentimiento, se le aplicará de tres a ocho años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, si se empleare violencia física o moral, se impondrá al imputado de seis a nueve años de prisión.
Sobre la situación en Yucatán sobre el tema, expuso que, de acuerdo con datos de los Servicios de Salud de Yucatán, del 2000 al 2009, hubo 10 mil 804 abortos, esto es, en promedio mil 80 abortos por año para ese periodo.
“Es importante señalar que estos datos son los recaudados únicamente por los Servicios de Salud del estado, empero, no es posible obtener una cifra real de los abortos totales, en donde se incluya aquellos que se practicaron fuera de las instalaciones del gobierno y en donde evidentemente abundan los que se realizaron por encontrarse penalizados de conformidad con lo establecido en el Código Penal actual. De 2010 a 2021 se promedian aproximadamente mil 407 abortos por año”, abundó.
Estos datos son evidencia pura de una problemática que existe, resaltó, las mujeres y personas gestantes yucatecas practican el aborto -voluntaria o involuntariamente- estén o no dentro de los supuestos de exclusión de sanción previstos en la normativa penal del Estado.
“Desde esta tribuna quiero sensibilizar a todas y a todos. En particular a las 14 compañeras diputadas que muy probablemente han vivido de cerca alguna historia de una mujer víctima de una penalización desproporcionada o de algún accidente que le impidió ejercer un derecho ya consagrado en diversos ordenamientos jurídicos. A mis compañeros diputados. También al titular del poder ejecutivo del Estado. A las autoridades municipales. A los jueces y juezas. Y en general a todas las personas que habitan en nuestro Estado”, aseveró.
Destacó que esta propuesta es una propuesta inacabada. “El máximo tribunal de justicia de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha pugnado y emitido criterios que van profundizando el alcance de este derecho. Desde mi perspectiva, esta propuesta deberá contar con el mayor consenso posible y no sólo me refiero al que se contempla en el proceso legislativo formal, también convocaremos a las colectivas y organizaciones de la sociedad que han luchado, investigado y trabajado sobre el particular a participar en estricto apego a los principios de parlamento abierto, en los términos del artículo 5 fracción vigésima novena y del Capítulo II de la Ley de Gobierno de este Poder Legislativo”.
