[vc_row][vc_column][vc_column_text]La titular de la Contraloría General del Estado (SCGEY), Lizbeth Basto Avilés, presentó este lunes denuncias ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, organismos fiscalizadores encargados de hacer cumplir la Ley. Como se anunció el miércoles 9 de la semana pasada, tras la revisión e investigación de 2,000 carpetas dentro del proceso de entrega-recepción, el Gobierno del Estado encontró presuntas irregularidades financieras de la administración anterior.
Esas presuntas irregularidades fueron detectadas principalmente en las Secretarías de Salud (SSY), Educación (Segey) y de Administración y Finanzas (SAF). La contralora general presentó ante los organismos fiscalizadores un total de treinta y un denuncias. En éstas se exhiben pruebas de diversas irregularidades detectadas, muchas de las cuales se han denunciado a la opinión pública.
“Como se informó el miércoles pasado”, recordó la contralora Basto Avilés, “al analizar las carpetas del proceso de entrega-recepción, se encontraron faltantes —financieros, materiales e informativos— y en cumplimiento y respeto de la Ley se presentan las denuncias correspondientes. Confiamos en la Vicefiscaliìa Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán en que cumplirán con su deber de fincar y deslindar responsabilidades e informar a la sociedad yucateca”.
En este primer paquete hay denuncias de índole penal y otras de responsabilidades administrativas. Las primeras serán analizadas y estudiadas por la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y las segundas, por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán. En ambos casos, el Gobierno del Estado —a través de la Contraloría General y la Consejería Jurídica— brindará a los órganos fiscalizadores toda la información que requieran. Es probable también la intervención en estos procesos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán.
El Poder Ejecutivo, a través de la investigación y análisis realizados de manera responsable y profesional de los procesos de entrega-recepción, cumple con la presentación de las denuncias con la obligación que le marca la Ley, así como el compromiso que marcó el gobernador Mauricio Vila Dosal de combatir de manera frontal la corrupción. Son ahora los poderes Judicial —a través del Tribunal de Justicia Administrativa— y Legislativo —de quien depende Auditoría Superior— los encargados de estudiar y juzgar estas irregularidades.
La titular de la Contraloría General del Estado sostiene que el Poder Ejecutivo “brindará todas las facilidades para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes”. Reitera que, como es evidente, “esto no es un asunto político, sino un tema estrictamente jurídico resultado de los procesos de entrega-recepción”.
Otras de las dependencias involucradas en las denuncias presentadas por la Contraloría General del Estado son las Secretarías de Educación, Administración y Finanzas, Salud, General de Gobierno, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Fomento Turístico, así como también los Institutos de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), del Deporte (IDEY), de Seguridad Jurídica y Patrimonial (Insejupy), y para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa (Idefey). También, el Colegio de Bachilleres (Cobay), la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), el Instituto Tecnológico Superior de Progreso (ITSP) y el Hospital Comunitario de Peto.
Como informamos, el gobierno de Mauricio Vila anticipó que este lunes presentará 26 denuncias ante organismos fiscalizadores, por daño patrimonial de 533 millones en dependencias como Salud, Educación y Administración y Finanzas, así como por faltantes en bienes muebles, diferencias de inventarios y discrepancias administrativas en los procesos de entrega recepción de esas tres secretarías y otras más, así como en diversos institutos y oficinas descentralizadas.
Anteriormente la nueva administración denunció un desorden financiero por mil 900 millones de pesos, y se anticipa que la investigación de irregularidades financieras no es concluyente todavía y se espera que haya nuevas denuncias.
Por cierto, a unas horas de que se presenten dichas denuncias comenzó a circular un video donde el ex gobernador Zapata Bello salió en defensa de ex funcionrios de su administración, a los que se atribuye el mencionado daño patrimonial.
Aunque no se le menciona directamente en las denuncias, el ex titular del Ejecutivo asumió la defensa de su equipo de colaboradores mediante un video en el que aseguró que encabezó un gobierno con responsabilidad y honestidad, con transparencia y rendición de cuentas, acompañado de lo que llamó un “gran equipo de servidores públicos”.
El ex mandatario agregó que durante el proceso de entrega-recepción transfirió una administración ordenada y con finanzas sanas.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
