El Poder Judicial de Yucatán y la Fiscalía General del Estado (FGE) firmaron un convenio de colaboración para establecer las bases de coordinación institucional para la aplicación efectiva del Protocolo de Justicia Restaurativa Familiar de primera y segunda instancia del Poder Judicial del Estado de Yucatán, lo cual contribuirá a fomentar la paz, la reconciliación y el bienestar de las familias.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López, y el titular de la FGE, Juan Manuel León, signaron dicho acuerdo, que permitirá unificar criterios, compartir recursos y colaborar en la formación de capital humano para fortalecer el tejido familiar en la entidad.
El convenio contempla acciones como la capacitación y especialización del personal, la creación de mecanismos de coordinación que permitan una atención más ágil y oportuna, así como la participación de equipos multidisciplinarios que aporten una visión integral en beneficio de niñas, niños, adolescentes y sus familias.
Durante el acto, Torres López señaló que este convenio representa la voluntad de ambas instituciones de trabajar de manera coordinada y colaborativa para ofrecer mejores respuestas a las familias que enfrentan situaciones complejas, con un propósito claro: colocar a las personas en el centro de la actuación institucional, privilegiando el diálogo, la escucha y la construcción de soluciones duraderas.
“La justicia se fortalece cuando las instituciones unen capacidades, experiencias y esfuerzos en favor de la sociedad. Esto marca el inicio de una nueva etapa de colaboración institucional al servicio de las y los yucatecos. La justicia restaurativa es una apuesta por la paz, la reconciliación y el bienestar de las familias”, aseveró la magistrada presidenta.
En su turno, el fiscal General del Estado, Juan Manuel León León subrayó que la Justicia Restaurativa constituye una herramienta clave para construir un sistema de justicia más humano, accesible y cercano a la sociedad, al privilegiar la reconstrucción del tejido social, la cultura de paz y la solución efectiva de controversias.
Asimismo, señaló que la reciente entrada en vigor de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representan un reto institucional que exige fortalecer las capacidades técnicas, metodológicas y operativas de quienes participan en la procuración e impartición de justicia.
León León reconoció la iniciativa del Poder Judicial y resaltó la importancia de incluir en este proyecto de capacitación a los operadores del sistema de justicia familiar, al considerar que la profesionalización y actualización permanente de los servidores públicos se traduce en instituciones más eficientes, confiables y cercanas a las necesidades de la ciudadanía.
