El Poder Judicial de Yucatán presentó al Congreso del Estado una iniciativa de reforma constitucional para que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) elija por votación a quien ocupe su presidencia durante cuatro años. La propuesta también plantea excluir a sus magistradas y magistrados de los procedimientos a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial.
La iniciativa, firmada por todos los integrantes del Pleno del TSJ, busca armonizar la Constitución estatal con el modelo federal de reforma judicial y precisar las atribuciones de cada órgano antes de que el Órgano de Administración Judicial inicie funciones, el 1 de septiembre de 2027.
En materia disciplinaria, el proyecto propone que las magistradas y los magistrados del TSJ queden fuera de los procedimientos de evaluación del desempeño, investigación, sustanciación y sanción del Tribunal de Disciplina Judicial. Quienes integran el Pleno seguirían sujetos al régimen general de responsabilidades previsto en la Constitución estatal.
La reforma también excluiría a las magistradas y los magistrados del TSJ de las facultades de designación y adscripción del Órgano de Administración Judicial. Además, delimitaría las funciones administrativas de ese órgano y las atribuciones que corresponden al Pleno del Tribunal Superior.
El proyecto reafirma el carácter del TSJ como máxima instancia jurisdiccional de Yucatán y fija su sede en Mérida. También daría a sus salas mayor autonomía para definir su funcionamiento y organización interna, incluida la de su personal.
En materia presupuestal, la propuesta distingue el presupuesto del Tribunal Superior de los anteproyectos de los demás órganos y precisa cómo participarían el TSJ y el Órgano de Administración Judicial en la integración del presupuesto del Poder Judicial.
La iniciativa fue presentada ante el Pleno del Congreso del Estado, donde quedó pendiente de análisis, discusión y eventual aprobación.




