Durante el inicio del estudio de la Ley de la Agencia de Transporte y la reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial,el coordinador de la Fracción Legislativa del PRI, Gaspar Quintal Parra, advirtió que estas iniciativas del Ejecutivo pretenden eliminar los viajes a crédito y la ampliación de la tarifa social en el transporte público, por lo que presentó propuestas para poder rescatar estos beneficios para los usuarios.
En su intervención en la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, recordó que el pasado 8 de febrero la bancada priísta presentó una iniciativa en materia de tarifa social con el objetivo de ampliar los grupos de personas beneficiarias, incluyendo por primera vez a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, Poderes Legislativo y Judicial, así como Organismos Autónomos Estatales.
Sin embargo, indicó que lamentablemente el Ejecutivo decidió derogar el artículo 109 de la Ley de Movilidad en donde se establecía dicho beneficio a los pasajeros, por lo que propuso rescatar dicha propuesta para que sea considerada en la Ley de la Agencia de Transporte en el artículo 61.
Lo mismo sucedió con la propuesta del PRI sobre la figura del viaje a crédito, aprobada en la Ley de Movilidad el 9 de agosto del 2022, que el Ejecutivo también pretende eliminar, por lo que Gaspar Quintal planteó que ahora sea reconocida en el artículo 80 de la nueva ley.
Otras observaciones y propuestas que presentó el legislador priísta están promover campañas para la credencialización para que sean más accesibles y amigables con las y los usuarios; y establecer la obligación por parte de la Agencia de emitir su Informe Anual de Actividades y comparecer ante el Congreso del Estado.
Por último, en aras de la transparencia y rendición de cuentas, planteó que los registros de transporte relativos a concesiones, permisos, constancias, certificados vehiculares y certificados de personas operadoras de transporte del Estado, así como del registro de vehículos de transporte, tengan que ser actualizados de forma permanente y publicados anualmente de forma accesible para consulta pública de la ciudadanía.
