[vc_row][vc_column][vc_column_text]Activistas y representantes de diversas organizaciones civiles denunciaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial Estatal le han negado el acceso a la justicia a Grecia Sosa, persona transgénero que en 2014 fue víctima de violencia física y sexual.
En conferencia de prensa, los manifestantes recordaron que hace cuatro año, Grecia Sosa, fue víctima de una persona que intentó forzarla para tener relaciones sexuales, pero ante su negativa, el sujeto la golpeó dejándola con lesiones graves en el rostro y múltiples secuelas psicológicas derivadas de la agresión.
Ese mismo año, Grecia denunció penalmente ante la Fiscalía General del Estado, lugar donde la han discriminado y violentado sus derechos humanos.
Según dijo la afectada, en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales la han discriminado por ser transgénero, y durante el proceso penal nunca contó con orientación legal eficaz y, si bien es cierto que se le asignó un asesor jurídico este jamás le procuró la atención adecuada.
“Nunca le anexaron a su expediente documentos médicos de las secuelas que quedaron de la agresión física y sexual, lo que repercutió en su salud física y mental hasta la fecha, destruyendo su autoestima, su capacidad de ser una persona productiva como lo era antes del delito perpetuado en su persona y lo que la mantiene viviendo en situación precaria y con dificultades para poder retomar la calidad de vida que tenía antes”, aseveraron los activistas.
Con todas esas irregularidades, el 23 de enero de 2018 el Fiscal Investigador de la Agencia Sexual Uno del Ministerio Público del Fuero Común, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, dictó el no ejercicio de la acción penal por los delitos de abuso sexual y lesiones, dentro de la carpeta de investigación S1/323/2015.
Dicha determinación fue confirmada por la Juez Segunda de Control del Primer Distrito del Estado de Yucatán, quien el 27 de febrero de este 2018, resolvió el recurso de inconformidad presentado por Grecia. La juez, lejos de ordenar al Ministerio Público reponer el procedimiento y perfeccionar la carpeta de investigación añadiendo todas las pruebas que se habían omitido, convalidó la resolución del Ministerio Público.
Ante ello, Grecia Sosa presentó un juicio de amparo reclamando diversas violaciones a su derecho de acceso a la justicia, y el 5 de septiembre pasado, el Juez Primero de Distrito emitió su resolución otorgando el amparo y protección de la justicia federal a Grecia, señalando que se había violado su derecho a la defensa adecuada.
La audiencia para resolver sobre el no ejercicio de la acción penal se realizará este miércoles 7 noviembre ante el Juez Manuel Jesús Soberanis Ramírez.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
