[vc_row][vc_column][vc_column_text]Los 25 diputados de todas las fuerzas políticas aprobaron por unanimidad reformas a diversas leyes para perseguir de oficio el incumplimiento de asistencia familiar a los adultos mayores, garantizar la participación de las personas con discapacidad en procesos jurídicos e impulsar derechos para individuos en libertad condicional o en prisión.
En sesión ordinaria de este martes, la LXI Legislatura avaló reformas al artículo 221 del Código Penal del Estado para que las autoridades correspondientes persigan de oficio los casos de incumplimiento de asistencia familiar hacia los adultos mayores, una demanda generalizada de este sector.
La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Celia Rivas Rodríguez (PRI) resaltó que el dictamen aprobado tiene el fin de reconocer en el fondo que los adultos mayores tienen el mismo derecho que todos a vivir una vida digna, apoyados por aquellos que tienen la obligación de prestarles apoyo por ser miembros de la misma familia.
“Todos los aquí presentes seremos, en algún momento adultos mayores. Y es por ello que como representantes populares nos debemos a la sociedad y a sus sectores vulnerables, que debemos legislar para proteger sus derechos y garantizar a su vez, que nunca más será maltratada la dignidad de los abuelitos de Yucatán”, expresó.
Un segundo punto fue la aprobación de reformas al Código de la Familia del Estado, con el objeto de acreditar la discapacidad en un proceso jurídico después de ser evaluada por especialistas, para que el juez otorgue el estado de interdicción; es decir, que un tutor interceda en nombre de una persona con discapacidad, respetando los derechos humanos de éste último.
Sobre este asunto, Elizabeth Gamboa Solís (PRI) informó que médicos, psicólogos, terapeutas, maestros de educación especial y otros especialistas, así como la persona con discapacidad, intervendrán en el juicio para determinar en qué casos específicos necesitan apoyo y asesoría para ejercer sus derechos.
“Para que sea utilizada como una herramienta que blinde a las personas para evitar que se vulneren sus derechos, por el solo hecho de tener alguna discapacidad”, aseveró.
El impulsor de esta iniciativa, Elías Lixa Abimerhi (PAN) reconoció a todos los diputados por la celeridad y sensibilidad de tratar esta propuesta que representa el empuje de asociaciones civiles y la comisión de derechos humanos para transformar el juicio de interdicción.
“Hoy se elimina una de las limitantes más poderosas para las personas con discapacidad, se establece de manera jurisdiccional escuchar a estas personas, para evaluar por medio de un mecanismo interdisciplinario el grado de apoyo que se requiere”, agregó.
Como tercer tema, los legisladores avalaron modificaciones a diversas leyes y normas estatales en materia de Armonización de la Miscelánea Penal, Justicia para Adolescentes y Ejecución Penal sobre abuso de bebidas alcohólicas y tabaco.
En tribuna, Daniel Granja Peniche (PRI) manifestó que con esta actualización, aquellas personas que cumplan con alguna sentencia tendrán la posibilidad de acceder a los beneficios que le otorgue cualquier reforma que modifique su condena o el tratamiento mismo del delito cometido; al igual que cambia la denominación de Condena Condicional, para llamarse ahora Libertad Condicional, para los sujetos cuyos delitos sean considerados no graves.
Además, añadió, las personas en esta condición podrán acceder a beneficios procesales, siempre y cuando no reincidan en la comisión de delitos; también se crea el Registro Estatal de Medidas Cautelares, se establece que el Instituto para la Defensoría Pública del Estado cuente con personal especializado en justicia para adolescentes y la obligación de los centros de atención en la materia para que cuenten con servicios de orientación psicológica y apoyo para terapias para el combate de las adicciones.
“Con estas reformas se garantiza el reconocimiento pleno de los derechos humanos y se establece un marco jurídico uniforme que armoniza la legislación nacional con la local, es un paso más en la transformación de la impartición de justicia para darle a nuestro sistema penal las cualidades de eficacia y garantía para resolver los asuntos de manera pronta”, señaló.
En su turno, Moisés Rodríguez Briceño (PAN) recordó que a nombre de su fracción propuso el fortalecimiento de la infraestructura de establecimientos para el tratamiento de las personas con algún tipo de atención, para que llegue a más municipios, en especial, donde existe mayor incidencia de casos de consumo de drogas.
“Además, que el tratamiento en los centros de salud sea integral: médica, psicológica y social, y que el tratamiento que reciban las personas con algún tipo de adicción no solo sea farmacológico, sino también individualizado, atendiendo a cada una según sea el caso concreto a criterio del médico”, indicó.
En asuntos generales, Elías Lixa retomó el tema de la publicación de las actas de las sesiones del pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al mencionar que la querella que interpuso en el Inaip en fechas pasadas, se traducirá en una recomendación de la instancia para cumplir con estas formalidades, ya que hasta el momento, este Poder tiene actualizado estos documentos hasta junio de 2017 en su página de internet.
El pleno de los diputados conoció también dos circulares de las legislaturas de los Estados de Campeche e Hidalgo. Por último, aprobaron realizar la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 14 de noviembre a las 11 de la mañana.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
