La CTM, CROC y el CCE de Yucatán firmaron una exigencia al Congreso Federal para pausar la aprobación de la nueva ley del Infonativ que pretende, de un plumazo, reducir la competencia de ambos sectores en el organismo rector de esta paraestatal, sin establecer transparencia sobre los recursos de los ahorros de los trabajadores.
Los organismos gremiales y empresariales de Yucatán dieron a conocer un comunicado denominado “Sin transparencia, ningún derecho se puede garantizar” que en conjunto demanda detener la aprobación legal con las que “pretenden trastocar la transparencia del Instituto y los equilibrios que durante décadas han garantizado su siempre perfectible, pero correcto funcionamiento”.
El documento explica que, “antes de 1972, los trabajadores en México carecían de acceso a algún tipo de financiamiento para adquirir una vivienda, lo que provocaba asentamientos irregulares, hacinamiento de parte importante de la población y, por lo tanto, condiciones precarias de vida”
Y continúa, “nuestra Constitución, en su Artículo 123, estableció el derecho a una vivienda digna y decorosa a toda mujer y hombre trabajador mexicano y así fue como nació en aquel año, 1972, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infornavit”.
Y refiere que, “una de las características fundamentales del Instituto es que nació como un modelo tripartita, en el que los patrones realizan una aportación del 5% de salario como ahorro individual de cada trabajador, para garantizar su derecho a una vivienda digna, y es con lo que se constituye los recursos del Infornavit. El gobierno mexicano, no aporta recursos, aunque si actúa como regulador del sistema”.
Los organismos patronal y sindical advierten que, “pretende dejar a los 9 integrantes, con la alarmante diferencia de que ahora proponen que sean 5 los integrantes del Gobierno Federal en turno, dejando a los trabajadores con 2 representantes y a los patrones con los restantes 2” lo que deja en la indefensión los posibles reclamos laborales y patronales sobre las acciones de este organismo autónomo.
Los denunciantes reclamaron que, “el Gobierno Federal tendría el control total de la Comisión de Vigilancia”, lo que obligaría a la utilización de acciones y tareas que competen de manera tripartita a las dos patrones y sindicatos.
Lo más grave, es que esta reforma le da facultades a la representación del Gobierno Federal, en su pretendido artículo 42, de disponer unilateralmente del dinero de los trabajadores, que hoy en día cuenta con mas de 2 billones de pesos, subrayan los firmantes.
Y sostienen que: ¿Qué significa?- que el gobierno que quede con la determinación legal del organismo- Que, si toman una mala decisión financiera con el dinero que pertenece a los trabajadores, por cualquiera que sea la razón, y la implementan por tener mayoría, los trabajadores podrían perder su patrimonio y nadie lo podría evitar.
Los demandantes propusieron que, el Comité de Transparencia, que antes tenía a tres integrantes: un representante de los trabajadores, uno de los patrones y uno del Gobierno Federal en turno; ahora, en la propuesta, se aumenta el número de integrantes a cinco; uno de los trabajadores, uno de los patrones y tres del Gobierno Federal en turno.
Pero no queda ahí, pretenden desaparecer la responsabilidad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de supervisar y vigilar que las operaciones del Instituto se ajusten a las normas establecidas y a sanas prácticas.
Las Centrales Obreras y el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán hicieron un llamado al gobierno federal a reconsiderar la iniciativa presentada y a que discutamos trabajadores, patrones y gobierno las reformas necesarias, siempre cuidando que el equilibrio entre trabajadores, patrones y gobierno se mantenga, garantizando así la transparencia de todas sus operaciones y la justicia en todas sus decisiones.
