El Comité Directivo Estatal del PAN pidió que Martina Silvia Gutiérrez y Danica Rubí Flores Chan, titular y coordinadora operativa de delegación en Yucatán de la Secretaría del Bienestar, sean removidas de sus cargos, luego que el periódico nacional Reforma dio a conocer que hay un desvío de cientos de millones de pesos para promover y coaccionar los votos en favor del candidato de Morena a la gubernatura Joaquín Díaz Mena.
En rueda de prensa, el dirigente estatal Asís Cano Cetina advirtió la presencia de operadores electorales de otros estados de la República en los seis distritos federales electorales.
“Tenemos reportes de gente de Michoacán, Campeche, Veracruz que han aparecido en municipios de Progreso, Halachó y Valladolid, es un escenario atípico. Esperamos que la autoridad ministerial investigue a fondo y quien no pertenezca a Yucatán, que no esté aquí queriendo violentar el proceso electoral”, mencionó.
Estas prácticas deshonestas, comentó, es una señal de que Morena perderá las elecciones. “Lo que vemos en los municipios y en las campañas de nuestros candidatos es que vamos a ganar contundentemente. Ellos saben que están perdiendo la campaña, ya perdieron los debates y parece que perdieron la cabeza”, expresó.
Por su parte, el diputado federal Elías Lixa Abimerhi recordó que en 2019 hubo una reforma constitucional al artículo 19 para sancionar con prisión preventiva oficiosa a quienes utilicen los programas sociales con fines electorales.
“Estos funcionarios deberían estrenar este encuadre político. Y, también, aclarar que en el Código Penal Federal se establecen hasta nueve años de prisión para quien es funcionario público y utiliza los programas sociales para influir en las elecciones”, expresó.
También se pidió que se realicen las investigaciones pertinentes en el Estado, pues según los dichos de la delegada, es una instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se intervenga en las elecciones.
“Están utilizando el nombre del presidente de la República para dar instrucciones a empleados federales y se tiene que actuar, si es que al menos a este gobierno federal le queda un poco de vergüenza. Porque es claro que están utilizando la estructura y el aparato de la delegación del Bienestar en actividades plenamente delictivas. Estamos ante delincuentes electorales y tenemos que actuar en consecuencia”, comentó.
La dirigencia estatal anunció que iniciarán un elemento sancionador ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), así como presentar las denuncias ante la Vicefiscalía Especializada en Delitos Electorales, de la Fiscalía General del Estado, y la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel).
Cetina Cano exigió a los Servidores de la Nación a que dejen de presionar a los beneficiarios de los programas de la Secretaría del Bienestar o irán a la cárcel, y a éstos les aseguró que los apoyos continuarán y si son presionados que denuncien, por lo que lanzarán un línea para documentar estas acciones.
