MÉRIDA.- Representantes de diversas asociaciones civiles defensoras de mujeres reprobaron la reestructuración del Centro de Justicia para las Mujeres a cargo del encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Rafael Pinzón Miguel, quien aparentemente sin cumplir con los protocolos establecidos en la Ley optó por “efectuar cambios de último momento”.
Actualmente, en la unidad sólo labora una tercera parte del personal capacitado por lo que, de acuerdo con las agrupaciones civiles, habrá un retraso en los procesos de vinculación y de justicia de los delitos cometidos en contra de las mujeres.
Incluso, se destacó la omisión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), ya que hasta el momento no hay ningún pronunciamiento en torno a la supuesta ilegal acción de Pinzón Miguel.
En primer lugar, alegaron, una reestructuración debe estar a cargo del titular de la FGE y no del encargado del despacho, además de que en el caso específico del Centro de Justicia para las Mujeres, primero se debió consultar al Comité Técnico de Análisis del Delito de Feminicidio.
La especialista de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Gina Villagómez Valdés, presidió la conferencia de prensa a distancia, y anunció que en breve entregarán un pronunciamiento al gobernador Mauricio Vila Dosal.
La titular de la asociación “Por una vida libre de violencia”, María Eugenia Núñez Zapata, consideró como inadecuada la reestructuración en la atención a los feminicidios, ya que “tan solo unos días de nombrarse un nuevo titular de la Fiscalía, no parece oportuno realizar modificaciones si no se ha expuesto una evaluación y presentado un Plan de acción estructural que muestre la congruencia y pertinencia de sus decisiones”.
Resaltó que la FGE cuenta con nueve unidades de investigación y litigación, con aplicación a todo el estado, entre las que se encuentra la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Feminicidio, la cual ha disminuido su personal y fue reubicada en la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Homicidio.
Rechazó tal decisión, la cual dijo que “contraviene las recomendaciones de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia de género (Conavim), emitidas hace tres años cuando fue solicitada la Alerta de Violencia de Género para Yucatán y que aún no han sido planamente atendidas”.
Agregó que “con esta decisión inexplicable e inaceptable, se está faltando a la obligación de consultar al Comité Técnico de Análisis del Delito de Feminicidio, conformado por todas las dependencias y organizaciones civiles vinculadas con el tema”.
La investigadora de la UADY Ligia Vera Gamboa reprobó la reestructuración de la FGE, la cual fue dada a conocer a través de las redes sociales, por lo pronunció en contra del encargado del despecho de tal dependencia.
De igual forma, Rocío López Quintal lamentó el rezago que prevalece en el Estado en contra de las mujeres y adelantó que nuevamente solicitarán el decreto de la alerta de género para Yucatán.
Por su parte, Milagros Herrero Buchanans enfatizó que el 98 por ciento de las agresiones en contra de las mujeres nunca llegan a los juzgados.
Teresa Gamboa señaló que “la violencia de género se refuerza con las omisiones, además de que “el terreno ya ganado se está perdiendo”.
María Eugenia Núñez aseveró “no estamos para lavar la cara de nadie y mucho menos para maquillar cifras”.
