● La mega granja de cerdos de Homún permanecerá cerrada en lo que concluye el juicio de amparo promovido por niñas y niños homunenses.
● El Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota aplicó estándares internacionales en la
audiencia y declaró infundado el incidente de revocación de suspensión presentado por PAPO.
● La población celebra este hecho, pues si la fábrica de cerdos reanudara operaciones, se pondría en riesgo el derecho a la salud, al medio ambiente sano y al agua, así como el
interés superior de la niñez y la libre determinación del pueblo maya de Homún.
*También exige al Gobierno del Estado no ser cómplice de las empresas porcícolas.
El Juez Segundo
de Distrito, Rogelio Leal Mota, aplicó estándares internacionales en materia de consulta a la población
indígena y del principio precautorio, y decidió mantener la suspensión de operaciones que fue impuesta
a la mega granja porcícola, es decir, la fábrica de cerdos permanecerá cerrada en lo que concluye el
juicio de amparo promovido por la niñez homunense.
Al resolver el incidente de revocación de suspensión presentado por la empresa Producción Alimentaria
Porcícola (PAPO), el Juez Leal Mota determinó que dicha compañía no aportó pruebas de hechos
novedosos que “derribaran” los tres pilares que sostienen la suspensión impuesta a la fábrica de cerdos:
el primero, que la planta de tratamiento de aguas residuales no estaba concluida al momento de iniciar
operaciones; el segundo, que no se hizo la consulta previa a la población maya de Homún; y el tercero,
que ante el riesgo de que el funcionamiento de la granja podría afectarse al medio ambiente y por lo
tanto, debía aplicarse el principio precautorio.
Sobre el primer pilar, relacionado con la planta de tratamiento, el Juez explicó que la prueba otorgada
por PAPO, un documento emitido en abril del 2021 por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS),
no es novedosa, pues está basada en hechos pasados: solamente relata que en el 2017 la entonces
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), consideró viable la planta de tratamiento
al momento de autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), de la fábrica de cerdos.
Además, no se aportaron exámenes periciales o científicos que garanticen que dicha planta evitará la
contaminación del aire u otros impactos ambientales.
Respecto al segundo pilar, la empresa aseguró que en su momento, la Seduma publicó la MIA de la
mega granja en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. También alegó que la Secretaría
de Desarrollo Sustentable (SDS), no tiene la obligación de realizar una consulta indígena.
El Juez respondió que la consulta pública realizada por la Seduma no es equivalente a una consulta
indígena, la cual, según la normativa internacional, tiene que ser previa, informada, culturalmente
adecuada y de buena fe respetando el derecho a la autonomía del pueblo maya y con el fin de obtener
el consentimiento del pueblo.
“Existe la obligación de las autoridades (en el ámbito de su competencia), de proteger los derechos
fundamentales de los pueblos y las comunidades indígenas que requieren de garantizar el ejercicio de
ciertos derechos humanos de índole procedimental, principalmente el de acceso a la información, el de participación en la toma de decisiones y el de acceso a la justicia”, por lo tanto, no se trata de una
“consulta genérica”, sino de una consulta indígena respetando los estándares internacionales en cuanto
al derecho de los pueblos indígenas, señaló el Juez.
En cuanto al principio precautorio, se resaltó que la empresa PAPO tampoco logró comprobar que
existen las condiciones para afirmar que el principio precautorio está superado, pues no sólo se debe
contemplar la contaminación del suelo y el agua, sino también del aire. Además, se deben observar los
estándares internacionales en la materia y ante la falta de certeza científica y la incertidumbre de
contaminación, existe la obligación de prevenir todo daño grave o irreversible.
PAPO no logró acreditar algún hecho novedoso en relación a los tres pilares por los cuales se otorgó la
suspensión, y por ello, se determinó mantener dicha medida cautelar. La resolución del Juez Leal Mota
resulta crucial para los pueblos mayas de la península que enfrentan industrias extractivas que imponen
proyectos en su territorio y ponen en riesgo la salud, el agua, el aire y al medio ambiente en general. Es
importante resaltar, como el mismo Juez mencionó, que el juicio principal todavía continúa.
El pueblo maya de Homún seguirá pendiente y en alerta, sobre todo al considerar que las pruebas
utilizadas por PAPO, en todos los intentos de eliminar la suspensión, han tenido en común la
participación del Gobierno del Estado de Yucatán a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
argumentando que la planta de tratamiento de aguas residuales ya está terminada.
Por lo tanto, la población de Homún exige al Gobierno del Estado de Yucatán no ser cómplice de la empresa PAPO y respetar su derecho a la libre determinación.
