MÉRIDA, 20 de abril de 2020.- Luego de que el gobernador Mauricio Vila informó que se dará de baja a quienes se hayan inscrito al Seguro de Desempleo sin necesitarlo, ya suman varias personas, familias y empresarios que han sido reportados por aparecer en la lista.
Entre ellos se encuentran familiares de la presidenta del comité municipal del PRI en Tecoh, como Carlos David Interian Caamal y Jesús Miguel Moguel Aguilar, de acuerdo con reportes que hicieron llegar molestos ciudadanos de ese municipio.
A través de redes, se han comenzado a exponer a diversas personas cercanas a gobiernos municipales, como Abimael Sosa Marrufo, hermano menor de la ex alcaldesa de Tecoh Lízbeth Noemí Sosa Marrufo, y de Henry Sosa Marrufo, quien fue presidente de la directiva de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán en el 2018.
En Progreso reportaron al empresario Viladiu Zacarías Salim, familiar del alcalde Julián Zacarías, quien se dedica a rentar locales y realizar diversos negocios en el centro del puerto.
Igual en Progreso se denunció el caso de Jorge Alberto Frías Castillo, hermano de la diputada Lila Frías, quien es secretaria del comité municipal del PRI.
De acuerdo con denuncias, Jorge Alberto es empleado de un periódico de alcance peninsular y, en consecuencia, no ha perdido su trabajo o fuente de ingresos.
En Cuncunul los pobladores expusieron a Silvia Maribel Salazar Ontiveros, quien fue presidenta del DIF municipal, así como personas que forman parte de la actual cuadrilla del presidente municipal.
Hasta ahora, ya se tiene a los primeros en ser dados de baja por no cumplir con los requisitos para acceder a este beneficio y la lista sigue incrementando.
Los primeros casos de anulación de beneficios por postulación dolosa corresponden a un empresario dueño de varios taxis y los integrantes de una familia de empresarios en Tizimín, reportados en redes y medios locales. Todos estos ya están fuera del padrón de beneficiarios.
La lista de beneficiarios es de 46 mil 800 y ya se detectaron, como resultado de denuncias ciudadanas, 361 casos con irregularidades, los cuales están siendo analizados.
